l gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) anunciaron ayer un acuerdo relevante y calificado por ellos mismos de definitivo, en el marco del proceso de paz que se desarrolla en La Habana desde hace tres años. Una misión política de la Organización de Naciones Unidas (ONU), integrada por observadores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), verificará el desarme de la organización guerrillera más antigua del hemisferio occidental y el cese al fuego de las partes involucradas en el añejo conflicto.
La misión de la ONU integrará, junto con representantes de las FARC y del Palacio de Nariño, un ente tripartito que coordinará el mecanismo en todas sus instancias
, además de que dirimirá controversias, emitirá recomendaciones y presentará informes.
A lo largo de las negociaciones entre las FARC y el gobierno de Juan Manuel Santos, ambos bandos han logrado acuerdos en los temas de desarrollo rural y tierras, la inserción de la organización guerrillera en la política institucional, cultivos de sustancias ilícitas y la reparación del daño a las víctimas del conflicto armado que ha ensangrentado Colombia a lo largo de medio siglo. Con la designación de una misión especial de Naciones Unidas para supervisar el alto al fuego, da la impresión de que las negociaciones se acercan a su punto final y es cuestión de semanas o de días para que las partes suscriban una paz definitiva en el plazo fijado desde septiembre de 2015: a más tardar el 23 de marzo de este año.
El éxito o el fracaso de esa perspectiva, que luce como nunca cercana, dependerá principalmente de los bandos firmantes de los acuerdos de paz en Colombia, que hasta ahora han logrado sortear, además de los obstáculos que representan sus propias posturas ideológicas y políticas, los intentos de los sectores más belicistas de ese país por torpedear las negociaciones.
Cabe saludar la persistencia y el avance de un proceso que ha sido ejemplar a lo largo de sus distintas fases, no por haber estado desprovisto de tensiones y episodios de aparente ruptura, sino porque en todo momento ha logrado imponerse la voluntad política, la contención, la sensatez y el valor empeñados por las partes. Éstas, según puede verse, han logrado entender uno de los postulados fundamentales de los procesos de negociación: cuando llega el momento de poner fin a los conflictos bélicos, se debe negociar no con los interlocutores que se desea, sino con los que se tienen enfrente.
Para los sectores colombianos reaccionarios y militaristas, representados por el ex mandatario Álvaro Uribe Vélez, conocido por sus nexos con el narcotráfico y el paramilitarismo, el solo hecho de que las negociaciones de paz hayan persistido durante todo este tiempo representa una derrota de gran calado. Por su parte, los actores internacionales que han acompañado a las facciones en pugna a lo largo del diálogo –Cuba a la cabeza– han dado una lección histórica a la comunidad internacional sobre el buen uso de la diplomacia.
Cabe esperar, por el bien de los colombianos y de Latinoamérica en general, que el proceso pacificador culmine lo antes posible. Es verdad que la formalización de la paz en Colombia no resolverá por sí misma los problemas sociales y políticos que se han consolidado a lo largo de décadas de guerra en ese país, pero sí constituye un requisito indispensable para comenzar a resolver esos problemas desde el ámbito de política institucional y para lograr, de esa forma, una convicencia pacífica, justa, democrática y duradera.
