on el secuestro de cinco jóvenes cometido hace más de una semana en Tierra Blanca –municipio que pasaría inadvertido de no ser por el asedio constante de grupos criminales contra su población– empieza el año en Veracruz. El incidente pone en evidencia la debilidad institucional y la falta de credibilidad de las corporaciones de seguridad, en particular porque lo perpetraron policías municipales encabezados por el delegado de la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Aunque ya fueron detenidos tanto el delegado como siete policías, los jóvenes siguen sin aparecer y en esa medida crece la angustia de sus familiares. Su ausencia recuerda tanto la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa como el modus operandi de los policías municipales y sus mandos, quienes los habrían entregado al crimen organizado.

Esa asociación entre policías y delincuentes es la principal tesis que sostiene la Fiscalía General del Estado y que explicaría la desaparición forzada relacionada con delincuencia organizada; por ello el caso ya se encuentra en manos de la Procuraduría General de la República; no obstante, hasta ayer, en medio de rumores, nada se sabía de los muchachos.

Independientemente de la desconfianza de las familias en las autoridades y por encima de la detención de los presuntos responsables, en tanto no aparezcan los secuestrados quedará abierto otro expediente contra la costosa policía veracruzana, rodeada de una percepción negativa por su recurrente participación en hechos delictivos.

Este acontecimiento, además de echar abajo toda presunción gubernamental de acreditación policiaca, renovación y confianza demostrada, pone de relieve la incapacidad de la gran mayoría de las instituciones municipales para prevenir tanto la infiltración como la colusión con bandas delincuenciales en actos repetidos que alcanzan a cuadros directivos de nivel estatal.

Por lo pronto, el caso de Tierra Blanca podría llevar a demandar al gobierno poner alto a estos hechos, que por desgracia no son infrecuentes.