El presidente Barack Obama no puede invocar ‘‘privilegio ejecutivo’’ y debe entregar al Congreso los documentos relacionados con la operación de trasiego de armas a México denominada Rápido y furioso, dictaminó hoy la juez federal Amy Berman.

Obama entregó en noviembre más de 64 mil documentos al Congreso, pero invocó el ‘‘privilegio ejecutivo’’ para limitar la cantidad y alcance de la documentación que su gobierno estaba dispuesto a entregar en el contexto de la pesquisa de esa cámara.

‘‘No se requiere equilibrar la necesidad contra el impacto que la revelación de cualquier documento podría tener en la sinceridad de decisiones ejecutivas futuras, porque cualquier perjuicio resultante de las revelaciones ya fue autoinfligido’’, señaló la magistrada.

Berman aludía al hecho de que los memorandos y correos electrónicos solicitados por un panel legislativo controlado por los republicanos ya fueron en su momento divulgados en un reporte público del inspector general del Departamento de Justicia.

La operación Rápido y furioso fue realizada de 2006 a 2011 por la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF, por sus siglas en inglés) y permitió el trasiego ilegal ‘‘supervisado’’ de más de 2 mil armas de Estados Unidos a México, como parte de un operativo estadunidense contra el cártel de Sinaloa.

El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, Jason Chaffetz, señaló que el fallo permitirá que prosiga la investigación del Congreso. ‘‘Aunque el fallo no nos da acceso a todos los documentos, es un importante paso adelante’’, consideró.

En agosto pasado, la juez Berman ordenó al Departamento de Justicia la entrega de la lista de documentos privilegiados sobre la polémica operación. La orden judicial obligó al procurador federal la entrega de los documentos del operativo que no son considerados como protegidos por el privilegio ejecutivo, a fin de que puedan ser evaluados por el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

En 2013, la propia Berman rechazó una petición del entonces procurador de Justicia, Eric Holder, a fin de anular la demanda del Comité de Supervisión para la entrega de documentos relacionados con la operación.

Aunque un reporte separado del inspector general exculpó a Holder de cualquier responsabilidad, sí hizo críticas a tres altos funcionarios: el ex subprocurador Gary Gindler, el procurador adjunto Lanny Breuer y el subprocurador adjunto Jason Weinstein.

Un reporte del Departamento de Justicia reveló en noviembre pasado que agentes federales permitieron el ingreso ilegal a México de componentes para la fabricación de granadas de detonación dirigidas a los cárteles de las drogas. El reporte documenta que agentes de la ATF marcaron las partes de granadas compradas por el contrabandista Jean Baptiste Kingery para rastrearlas.