Buenos Aires.

El nuevo decreto del presidente argentino, el derechista Mauricio Macri, antes de su viaje a Davos, en el que declara la emergencia nacional en seguridad pública logró unificar este miércoles el rechazo de diversos sectores de la oposición, ya que, además de autorizar el derribo de aviones en el combate al narcotráfico, contempla otros puntos considerados gravísimos y antidemocráticos, con el argumento oficial de estar en situación de peligro colectivo.

Esta emergencia de seguridad pública avanza sobre la ley de seguridad interior, da más poder a los militares y flexibiliza los controles sobre las compras en el área. La medida apunta a combatir el narcotráfico, entre otros delitos, incluida la asociación ilícita terrorista, advirtió el analista Carlos Rodríguez en Página 12, y se implementaría durante un año. Pero señala que promueve acciones conjuntas entre fuerzas policiales de seguridad interior con gendarmería, prefectura y fuerzas armadas.

Aunque se menciona que se trata de combatir delitos complejos como el narcotráfico y el crimen organizado, también pone en la mira la asociación ilícita calificada y hasta una hipotética asociación ilícita terrorista, sostuvo Rodríguez.

Y si bien el decreto aún no aparece en el Boletín Oficial, se conoce que las acciones podrán desarrollarse por tierra, agua y el espacio aéreo con intervención directa de las fuerzas armadas.

Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), alertó que aunque todavía no se conoce el texto completo del decreto, es muy preocupante que se introduzca la cuestión del derribo (en el espacio aéreo) porque allí aparece un terreno difuso donde se pueden mezclar los límites entre seguridad interior y la ley de defensa nacional, sin que la discusión sobre ese tema haya pasado por el Congreso porque la decisión se toma por decreto.

Para Litvachky estos anuncios vuelven a poner en tensión a la sociedad porque siempre que ocurre algo así se toman medidas que no están en consonancia con la Constitución y con las leyes, además de disponerse fondos presupuestales importantes para la compra de armas, móviles y otros elementos sin una discusión previa y racional, como dijo a Página 12.

De la misma manera, el hecho de que un tema de seguridad de estas características sea impuesto por decreto, sin pasar por un debate en el Congreso, es una verdadera amenaza para nuestra sociedad, indicó el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, mientras el juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaron aseveró: “estamos ante una caricatura de dictadura muy peligrosa.

Otra de las disposiciones del decreto autoriza al Ministerio de Seguridad, que trabajará en conjunto con los ministerios de Defensa y de Transporte, a realizar la convocatoria a personal retirado de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía Aeroportuaria que no hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad o que estén actualmente procesados penalmente o pasados a retiro por razones disciplinarias.

Litvachky recordó que en distintos momentos del proceso democrático iniciado en diciembre de 1983 se han anunciado medidas urgentes en materia de seguridad. Lo peligroso es que se apelan a discursos alarmistas sobre supuestos peligros colectivos en materia de seguridad y se toman medidas que no implican necesariamente un mejoramiento en el funcionamiento de las fuerzas de seguridad. Se toman medidas y se modifican leyes sin una discusión profunda, apelando a la supuesta necesidad y a la urgencia.

Por su parte, la ex candidata presidencial por Generación por Encuentro Nacional, Margarita Stolbizer, que apoyó a Macri en la segunda vuelta electoral, dijo que las políticas de Estado en seguridad y lucha contra el narcotráfico no pueden salir por decreto sino por consenso de las fuerzas políticas para que sean eficaces y sostenibles con el tiempo.

Pero también señaló que es necesario rechazar “las emergencias, para el impacto y el marketing… El derribo de aviones es un retroceso que no resuelve el problema del crimen organizado” al llamar a trabajar de manera integral para resolver los problemas y no simplemente para hacer anuncios de impacto público sin eficacia.

En tanto, en Jujuy, el gobernador de la derechista alianza Cambiemos, Gerardo Morales, presentó nuevas denuncias contra la diputada del Parlamento del Mercado Común del Sur (Parlasur) Milagro Sala, en un intento de mantener en prisión ilegalmente a la también dirigente del Movimiento Tupac Amaru.

Amnistía Internacional exigió el martes la inmediata liberación de la diputada, que además está detenida por una acusación sin prueba alguna, en una medida contra las leyes locales.

El diputado Adrián Grana, del Frente para la Victoria, quien con un grupo de legisladores está en Jujuy para exigir la libertad de su colega, dijo que la fiscal del caso, Liliana Fernández de Montiel, actúa como si fuera la escribanía del gobernador de Jujuy.

Recordó que visitaron a Sala en la Comisaria de la Mujer y denunció que fueron requisados y que pusieron una oficial durante la reunión. Asimismo, denunció que las decisiones de la justicia jujeña son arbitrarias e inconstitucionales y recordó que el juez Gastón Mercau rechazó el habeas corpus y el pedido de excarcelación formulado por la defensa, cuando el delito del que se acusa a Sala se trata de una simple contravención municipal, que es excarcelable.

A la par de esta situación continúa la ola de despidos y el cierre de programas que afectan a centenares de periodistas, mientras más de 5 mil trabajadores petroleros del sur del país negocian en esta capital ante la amenaza de perder sus trabajos. La situación de los despidos se está tornando insostenible. Antes de su viaje a Davos el presidente Macri no sólo defendió estas medidas, así como la prisión de Milagro Sala, sino que advirtió a un grupo de periodistas europeos que continuará con los decretos. Vuelvan a preguntarme cuando llegue a cien lo más, dijo sonriente.

Al cierre de esta edición, Sala fue trasladada de la comisaría al penal Alto Comedero, en Jujuy, lo que fue considerado una provocación del gobernador contra todos los sectores que reclaman su libertad.