ierto es que las turbulencias recientes de la economía mexicana tienen como principal fuente factores externos respecto de los cuales el gobierno federal no tiene mayor culpa o responsabilidad. La caída del precio del petróleo, la desaceleración de la economía china y los problemas de otras naciones punteras en el escenario mundial son circunstancias absolutamente ajenas a la capacidad de influencia o manejo por parte del equipo a cuyo frente está el viajero Enrique Peña Nieto.

Pero esa premisa general no debe ocultar o disimular los específicos factores internos de la crisis que hoy tiene como eje el número veinte (el precio del barril de petróleo por debajo de los veinte dólares y el precio del dólar colocándose en la cercanía de los veinte pesos; irónico punto cabalístico de encuentro de los indicadores que caen, pues ambos, barril de crudo y peso, se dieron amargamente la mano en el nivel de los 18.90). Los pronósticos son densos por lo que sucede fuera de México pero, particularmente, porque ese posible huracán pegará en una tierra devastada por la corrupción y el despilfarro, sin las adecuadas defensas naturales, agudizados los eventuales desastres por el desmantelamiento y la pillería históricamente practicadas, por el adelgazamiento de la cobertura social y el grave deterioro funcional de las instituciones, los gobiernos y la clase política y empresarial en general.

Una lista apresurada de los factores externos que tienen postrada a la economía mexicana puede comenzar por el excesivo gasto de dinero público en el sostenimiento de un sistema político y electoral que a fin de cuentas sólo sirve para mantener a las élites en su posición predominante. Partidos y elecciones son rubros sumamente costosos, además del saqueo de recursos públicos por parte de administraciones de todos los niveles para apuntalar campañas de sus favoritos.

La gran mayoría de esos gobernantes, llegados al poder gracias a los ríos de dinero que en sus campañas y comicios fueron invertidos, se han dedicado al enriquecimiento personal, familiar y grupal, entre otras vías por la contratación de deuda pública que pagarán las siguientes administraciones. En su primer trienio, el peñismo ha endeudado al país más que otras administraciones juntas durante sus sexenios, y los estados están repletos de gobernadores que han comprometido las finanzas y el futuro de sus entidades con tal de regalarse banquetes de corrupción (y no sólo es el caso escandaloso del coahuilense Humberto Moreira, cuyo récord de endeudamiento ya ha sido rebasado en otros estados de la República). La construcción de la candidatura presidencial de Aurelio Nuño, por ejemplo, descansa en el reparto de dinero que hará a cuenta de los Certificados de Infraestructura Escolar Nacional (CIEN). Es decir, AN hará precampaña de santaclós escolar con cargo a una especie de endeudamiento que técnicamente no es deuda porque dejará en manos de un fideicomiso de particulares el cobro a futuro, en una privatización pensada para tener dinero líquido de aquí al 2018.

También ha debilitado a la economía nacional la sangría ya institucionalizada de las caravanas de policías federales, militares y marinos que se desplazan por todo el país a propósito del crimen organizado. El mantenimiento de un virtual ejército itinerante, conformado por elementos de diversas corporaciones, conlleva un alto gasto causado por la ineficacia política y las complicidades de autoridades municipales, estatales y federales. Además, esos rubros de difícil comprobación (viáticos, hospedajes, etcétera) pueden convertirse en camino fácil para tretas de adulteración presupuestal.

Al sostenimiento de gobiernos despilfarradores, corruptos e ineficaces, los mexicanos económicamente activos han de sumar una suerte de duplicidad fiscal. En muchas ciudades y ámbitos, los ciudadanos no han de pagar solamente los impuestos tradicionales, sino que están sujetos a la recaudación violenta de los grupos del (otro) crimen organizado, en forma de pago de piso, bajo amenaza de secuestros, torturas o asesinatos ante los cuales los gobernantes sólo responden con demagogia de catálogo o con frases de extrema torpeza, como el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, quien dijo, a propósito de los cinco jóvenes secuestrados por policías en Tierra Blanca, que lo sucedido ahí fue una cosa mala entre 99 que según él sí salen bien.

Ése es el México que hoy ve con preocupación su lamentable situación, que resultaría agravada si se cumplen las advertencias del profeta de los catarros luego devenidos en pulmonías, Agustín Carstens, quien dijo al Financial Times que los países emergentes deben estar preparados para una crisis potencialmente severa y de consecuencias violentas, debido a los estragos que pudiera causar el retiro de las políticas monetarias no convencionales en países ricos y la desaceleración de China.

Junto a esa viable amenaza de una crisis económica global, el sistema político mexicano se adentra en un escenario oscuro para sí mismo y para sus presuntos gobernados, en una cita inevitable con su realidad. Ah, pero todo está listo para que en estas inmejorables condiciones llegue a México el palacio flotante que moverá por el mundo a la realeza peñista, y todo está preparado para la cómoda visita del papa Francisco.

El poeta y periodista Mardonio Carballo (nahuatlaco y chilangazo, se autodefine en su cuenta de Twitter) emprendió una batalla judicial contra la discriminación que significaba el artículo 230 de la ley federal de radio y televisión, al constreñir el uso de las lenguas originarias mexicanas a los medios de uso social indígena. La Suprema Corte de Justicia de la Nación recordó que en México no hay un idioma oficial y único, y aceptó, por unanimidad en una de sus salas, el recurso de amparo presentado por Carballo, quien a esta columna dijo: sentamos un precedente y ya hay camino para caminar: todas las lenguas en todos los medios, porque el espacio radioeléctrico mexicano es de todos. ¡Hasta mañana!

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