Culiacán, Sin.

Agentes federales adscritos a la Subprocuraduria Especializada en Investigacion de Delincuencia Organizada (Seido) trasladaron a la ciudad de México, en calidad de testigo, a la diputada local Lucero Sánchez López, a quien acusan de tener vínculos con Joaquín El Chapo Guzmán.

La legisladora permaneció retenida durante más de cuatro horas en su camioneta, en las instalaciones del aeropuerto de Culiacán. Por la mañana, en el Congreso local, había presentado su renuncia a la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN).

Alrededor de las 13:40 horas de ayer, Lucero Sánchez López fue interceptada por varios uniformados, que se trasladaban en dos patrullas, cuando salía de su domicilio en la calle Real del Parque del fraccionamiento Cumbres del Sur.

Los agentes apuntaron con sus armas a la diputada y le gritaron que descendiera de su vehículo; luego de insistirles, los efectivos le permitieron que dejara a dos de sus hijos en su casa. Posteriormente la trasladaron con todo y su vehículo a la terminal aérea.

Cuatro horas en su vehículo

Sánchez López permaneció más de cuatro horas en su vehículo, una camioneta Ram Hemi, blanca, placas UE57333, custodiada por una patrulla y dos elementos de la Seido vestidos de civil.

Los federales le informaron que estaban esperando un avión procedente de la ciudad de México, que la llevaría en calidad de testigo a la capital del país. La aeronave, matrícula XCHIF, llegó a la terminal aérea alrededor de las 18 horas locales y permaneció en el hangar de la Procuraduría General de la República (PGR).

Aproximadamente una hora después, un convoy de patrullas, custodiado por federales y elementos del Ejército, trasladó a la legisladora al avión que abordó para ser llevada a la ciudad de México.

‘‘Estoy prácticamente secuestrada, esto es una violación a mis derechos humanos y una falta de respeto a mi fuero como diputada. Ni siquiera me han permitido tener contacto con mi abogado… Llegaron apuntando con sus armas y las bajaron hasta que vieron que iba con mis hijos. Es un abuso’’, denunció vía telefónica desde la terminal aérea.

Por la mañana, Lucero Sánchez, quien ha sido señalada por el gobierno federal de tener vínculos con Joaquín El Chapo Guzmán, había renunciado a la bancada del PAN.

En carta al coordinador de la bancada, Guadalupe Carrizoza, pide ser ‘‘desincorporada’’ de la misma, a la que perteneció durante cerca de dos años en representación del municipio de Cosalá.

La diputada acusó al gobierno federal de hacer un ‘‘show mediático’’ de la aprehensión de Joaquín Guzmán Loera, ex líder del cártel de Sinaloa, y las acusaciones vertidas en su contra.

Hace dos días, la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró que Lucero Sánchez sí es investigada por los supuestos encuentros que tuvo con Joaquín Guzmán Loera en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en 2014, y en la festividad del año nuevo 2016, en la ciudad de Guamúchil, cabecera municipal de Salvador Alvarado. Sánchez rechazó una y otra vez estas versiones y pidió al gobierno federal le permitan comparecer y someterse a investigaciones.

Durante abril de 2015, en medios informativos se publicaron imágenes en las que se aprecia una mujer en las instalaciones del penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, estado de México, que se disponía a visitar a Guzmán Loera.

Fuentes del gobierno señalaron que la persona, que usó un nombre falso con acta de nacimiento y credencial del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), es Lucero Sánchez López, a quien se atribuye una relación sentimental con el capo.

En los comicios locales intermedios de 2013, Lucero Sánchez fue candidata a diputada local por la alianza PAN-PRD-PT y Partido Sinaloense, en el municipio de Cosalá.

Hasta ahora, ninguno de los dirigentes de esos partidos ha reconocido haber propuesto a la hoy diputada, quien en ese entonces se desempeñaba como propietaria de una agencia de viajes en Culiacán.

Luego de la captura de El Chapo, la PGR arreció las acusaciones contra Lucero Sánchez, a quien señaló de haber celebrado la fiesta de fin de año en Guamúchil –donde el narcotraficante fue detenido–, junto con Guzmán Loera, días antes de su recaptura.

Sus intervenciones en la tribuna del Congreso local fueron escasas. En una, hace cerca de un mes, acusó a los marinos de abusos y violaciones a los derechos humanos durante los operativos que los uniformados realizaron en la sierra del municipio de Cosalá, cuyo objetivo, dijo el gobierno federal, era detener al ex jefe del cártel de Sinaloa.

A causa de los operativos efectuados por la Marina, actualmente unos 700 habitantes permanecen desplazados de Tamazula, Durango, a Cosalá, Sinaloa. Llegaron a ser mil las personas que dejaron sus hogares, pero 300 ya regresaron.