Desde el pasado 23 de diciembre dos de los polos de atención en el complejo cuadro político brasileño, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal, instancia máxima de justicia en el país, están en receso. Sus excelencias disfrutan de vacaciones, mientras el país sigue en vilo.

Las actividades de congresistas y magistrados serán retomadas en pocos días, el lunes primero de febrero. Será cuando empezarán a surgir decisiones fundamentales para el futuro del país. En el Supremo Tribunal se analizará el pedido presentado por el Fiscal General de la Unión para que se aparte Eduardo Cunha de su escaño y de la presidencia de la Cámara de Diputados. En el Congreso se retomará el movimiento encabezado por el mismo Cunha (denunciado por evasión fiscal, evasión de divisas, corrupción y otros delitos menores) para que se decrete el impedimento de la presidenta Dilma Rousseff.

A lo largo de ese periodo de receso, que significó una etapa de relativa calma, la oposición conspiró de manera febril, el gobierno trató de reagrupar fuerzas, el equipo económico siguió buscando alguna solución urgente para los problemas inmediatos –que son grandes y profundos– y para ofrecer un camino que permita poner fin, si no a la crisis, al menos a la incertidumbre generalizada.

Dilma Rousseff dejó claro que pretende acercarse a las bases tradicionales de su partido, el PT (movimientos sociales, centrales sindicales, la izquierda en general), que se habían alejado, y, al mismo tiempo, recuperar algo de la confianza perdida junto con el mercado financiero.

Es muy difícil prever si ese doble movimiento en direcciones opuestas tendrá éxito, especialmente en relación con los inversionistas. Frente a un cuadro de preocupación aguda, la mandataria quiere posicionarse como alguien dispuesta a todo esfuerzo necesario para que el país salga del laberinto en que se encuentra.

Un mensaje emitido discretamente por Dilma Rousseff obedece a uno de los consejos que recibió del ex presidente Lula da Silva, quien, pese al desgaste sufrido en meses recientes, sigue siendo la figura política de mayor peso en el país: buscar un diálogo con la oposición. Reunirse o al menos tender puentes de diálogo con los ex presidentes, lo que incluye a Fernando Henrique Cardoso, del PSDB, principal partido de oposición.

Luego de un año literalmente perdido, con un Congreso que dio claras muestras de pretender paralizar al gobierno (especialmente en la Cámara de Diputados) con base en chantajes y amenazas de impeachment presidencial, sería urgente abrir dos espacios en el campo de la política. Uno: reagrupar una alianza de base profundamente dividida, con un número considerable de infieles. Otro: interrumpir las maquinaciones de la oposición, que no hace otra cosa que buscar, por la vía de un golpe institucional, terminar con un mandato electo hace 15 meses e iniciado hace poco más de un año.

Una vez logrados los dos objetivos, sería posible buscar caminos urgentes para retomar el crecimiento de la economía, controlar la inflación y combatir el desempleo.

Faltando dos semanas para que termine el receso parlamentario, es difícil trazar perspectivas. La oposición no parece dispuesta a abandonar su obsesión permanente, que es derrocar a Dilma Rousseff y al vicepresidente Michel Temer, lo que provocaría un llamado a nuevas elecciones en un plazo máximo de 90 días.

Si acaso había alguna duda sobre esa determinación, el PSDB, del ex presidente Fernando Henrique Cardoso, parece decidido a dejar las cosas en su debido lugar. Además de insistir en que el Tribunal Superior Electoral declare nulo el resultado de las elecciones de octubre de 2014 (los derrotados acusan Dilma Rousseff y Michel Temer de abuso de poder económico y de haber recibido fondos originados por desvíos de recursos públicos y corrupción), ahora quiere que la justicia electoral anule nada menos que el registro del PT. Con eso, el partido desaparecería para siempre.

La base de ese pedido absolutamente esdrújulo: uno de los ex directivos de Petrobras presos, a raíz del esquema de corrupción, declaró a la Policía Federal haber oído de un alto cargo político de Angola que en las elecciones presidenciales que en 2006 llevaron a Lula da Silva al segundo mandato presidencial el país africano envió a su campaña 50 millones de reales (unos 12 millones de dólares al cambio actual) desviados de contratos de la estatal brasileña.

La Constitución prohíbe vehementemente que partidos políticos brasileños reciban recursos del exterior. El denunciante no tiene otro argumento que haber oído hablar, ningún indicio por mínimo que fuera.

La denuncia del PSDB no tiene la menor perspectiva de siquiera ser recibida por el Tribunal Superior Electoral, pero encuentra amplio espacio en la gran prensa hegemónica. Y deja muy visible que la obsesión del partido que perdió cuatro elecciones seguidas frente al PT se mantuvo inalterada en ese periodo fugaz de una tregua que no pasó de las apariencias.

Terminando el periodo de vacaciones de sus excelencias, nada parece haber cambiado. Con el retorno de los trabajos volverá la turbulencia.