Senadores y dirigentes del PAN exigieron al gobierno de Enrique Peña Nieto que nombre un fiscal especial para investigar las acusaciones de lavado de dinero y asociación delictiva en contra del ex gobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés, ya que, pese a que la justicia española le permitió salir en libertad condicional, el proceso en su contra continúa.

Igualmente, diputados del PRD y Morena advirtieron que Moreira Valdés es un personaje de dudoso historial político, que deberá responder ante la justicia no sólo de España, sino de México. Demandaron también que el gobierno federal deje de protegerlo, ya que al desprestigio del país por el caso de El Chapo Guzmán se suma ahora el del ex dirigente nacional priísta.

En contraparte, el presidente nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, sostuvo que el caso Moreira no es un asunto político, sino más bien estamos ante un tema jurídico. Respecto de la decisión de la Audiencia Nacional de España, comentó que las resoluciones de la justicia no se opinan, sino se acatan.

En entrevista radiofónica, Beltrones señaló que la Audiencia Nacional de España tuvo suficientes elementos para haber tomado la decisión de liberar al ex gobernador de Coahuila.

El senador priísta Enrique Burgos consideró importante que en España se haya preservado el principio de legalidad y de garantía del debido proceso y, de ser necesario, Moreira Valdés pueda contar con la asistencia consular, como le corresponde a cualquier ciudadano mexicano.

Burgos resaltó que hasta el momento no están acreditadas las acusaciones contra el ex mandatario cohuilense, y éste puede demostrar su inocencia, pero para ello tendrá que aportar pruebas de la procedencia de los recursos que, según la imputación, son ilegales.

La senadora panista Silvia Garza lamentó que luego de tantos aspavientos, la justicia española haya liberado a Moreira Valdés y que pueda seguir el proceso en libertad. Insistió en que se requiere un fiscal especial, ya que en caso de que la Audiencia Nacional de España pida informes de la actuación del ex gobernador, tanto su hermano, Rubén Moreira, como el procurador de la entidad –que fue secretario de Gobierno con el ahora acusado de lavado de dinero– van a ocultar datos.

Fernando Rodríguez Doval, vocero del PAN, dejó claro que insistirán para que el gobierno mexicano entregue a la Audiencia Nacional de España toda la información que tiene sobre el caso de Moreira Valdés, para evitar que haya impunidad y que se salga con la suya.

El PAN espera, destacó, que el ex gobernador de Coahuila pronto regrese a la cárcel en España.

En San Lázaro, Franciso Martínez Neri, coordinador de los diputados del PRD, dijo que a todas luces es claro que el señor Moreira Valdés no se ha conducido con apego a la ley. El hecho de que en España se le otorgue la libertad temporal, y se le retire el pasaporte, no lo exonera de los cargos que se le imputan, como es el de lavado de dinero e integración en una organización criminal.

Reprochó los desaciertos que, dijo, se revelan en la conducción política de México, pues “la imagen del país está gravemente deteriorada. Primero con el caso de Joaquín El Chapo Guzmán, y ahora con Humberto Moreira, se demuestra que el gobierno no es capaz de tener instituciones serias que hagan valer las leyes”.

Para Emiliano Álvarez, diputado de Morena, el caso deja ver la fractura institucional que vivimos en México. Resulta vergonzoso que las normatividades de otros países se impongan en procesos de investigación a las leyes mexicanas.