Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) frenaron el intento de dar carpetazo a una denuncia contra ex funcionarios y operadores del PRI que promovieron el llamado turismo electoral en Yucatán y Quintana Roo.

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE devolvió ayer a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral un proyecto que planteaba amonestar a 607 yucatecos por haber cambiado de manera irregular sus domicilios para que votaran en las elecciones locales en Quintana Roo, y dejar sin castigo a quienes los instigaron.

En 2013 los senadores panistas Daniel Ávila Ruiz, Jorge Luis Preciado y Jorge Luis Lavalle presentaron una denuncia por cambios de domicilio anómalos en Yucatán, Quintana Roo y Campeche de al menos 7 mil 500 ciudadanos, de los cuales el Registro Federales de Electores detectó mil 137 movimientos irregulares.

Carlos Ferrer Silva, director de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, informó ayer a los consejeros que de esos más de mil ciudadanos se comprobó que 607 presentaron documentación falsa para cambiarse de domicilio y, por tanto, propuso imponerles una amonestación.

Planteó dejar en manos de otras instancias la investigación de diversas personas vinculadas a un partido político (el PRI), quienes ofrecieron dádivas y dinero en especie para que los ciudadanos cambiaran sus domicilios para votar en favor del tricolor en 2012 en Quintana Roo.

Su idea era dar vista de estos casos a los organismos públicos locales electorales y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

El consejero José Roberto Ruiz Saldaña se manifestó en contra de dar por concluida esta indagatoria, y pidió diferenciar entre aquellos ciudadanos que actuaron con dolo y otros que lo hicieron engañados por promesas de empleo, de ser beneficiarios de programas sociales o de recibir dinero.

Planteó que se trata de ciudadanos pobres, con nivel educativo bajo y que padecen diversas carencias, quienes fueron enganchados dolosamente por personas que hacen mucho daño a la vida democrática del país.

También demandó realizar mayores diligencias para detectar a los responsables, a los instigadores del traslado de las personas de Yucatán a Quintana Roo, entre los que se encuentran ex funcionarios y operadores partidistas.

La consejera Pamela San Martín también expresó su contrariedad. No podemos dar el pésimo mensaje de que no se vale ser el movilizado, pero sí el movilizador.

Coincidió con su colega en que varios ciudadanos cambiaron sus domicilios llevados por promesas y prácticas de coacción del voto.

La consejera Adriana Favela respaldó que se devolviera el expediente con el argumento de que la investigación se abrió para detectar a quienes orillaron a diversos ciudadanos a hacer un trámite irregular y si hubo algún tipo de presión.

Al final, Favela, Ruiz Saldaña y Beatriz Galindo corrigieron la plana a esta área técnica del INE.

También desecharon una queja sobre presuntas aportaciones en especie hechas por la empresa Rabokse, propiedad del hermano del ex vocero del Partido Verde Adrian Escobar, a dicho instituto político por medio de la difusión de propaganda en los llamados cineminutos en 2014 y 2015.