Estudiantes de posgrado de derecho de la UNAM señalaron que aun cuando el año pasado se suprimieron las cuotas de inscripción en todas las maestrías y doctorados de la casa de estudios, en las especialidades de jurisprudencia se siguen haciendo cobros que atentan contra la gratuidad de la educación.

Informaron que en estas especializaciones –que dependen de la Facultad de Derecho y no de la Coordinación de Estudios de Posgrado– el costo de inscripción es de 5 mil pesos y por reinscripción de cada semestre se tienen que pagar 3 mil 500 pesos.

Por ello, este martes acudirán a la torre de la rectoría para solicitar un diálogo con las autoridades, particularmente con el secretario general, Leonardo Lomelí Vanegas, pues ahora el posgrado depende de esa oficina.

En abril del año pasado, estudiantes de la Asamblea General de Posgrado llamaron a las autoridades a un diálogo para eliminar los cobros en algunos programas de este nivel. Los entonces coordinadores general del área, Juan Pedro Laclette, y de Planeación de la UNAM, Héctor Hernández Bringas, informaron que en 2014 se obtuvieron 39.8 millones de pesos por esas cuotas, lo que representaba 0.06 por ciento del presupuesto de la casa de estudios, por lo que las autoridades decidieron cancelar los cobros.

Los jóvenes detallaron que el semestre pasado el coordinador del área, Carlos Humberto Reyes Díaz, les pidió que presentaran un escrito solicitando la exención del pago. Si bien lo consideran una opción, señalaron que el pago debe eliminarse porque es ilegal.

La UNAM ofrece 23 especialidades en el área de derecho, y cada una tiene una duración de cuatro semestres.

Los integrantes de la Asamblea de Posgrado de Derecho confiaron en que se pueda llegar a un acuerdo. El cobro de los posgrados no encuentra su fundamento en ninguna disposición legal. Ni en el reglamento de pagos del 20 de diciembre de 1966, ni en el general de estudios de Posgrado del 14 de diciembre de 1995 se establecen cuotas específicas a los posgrados, ni tampoco facultan a ninguna autoridad para determinar cualquier asunto relativo al cobro de los mismos, por lo que cualquier pago que se exija es contrario al principio de legalidad.