San Luis Potosí, SLP.

A José Manuel Morín Cabrera, agente de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado, le extirparon un riñón sin su consentimiento ni de algún familiar en la clínica 50 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de esta ciudad.

A pesar de que este presunto caso de negligencia ocurrió el 26 de noviembre de 2008, la denuncia llegó a Federico Ángel Badillo, titular de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico (Coesamed), apenas en mayo de 2015.

El funcionario dio al afectado las indicaciones para que elaborara su queja debidamente y en virtud de que el hecho tuvo lugar en una institución federal, fue canalizada a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) que, dijo, en semanas emitirá un fallo final.

Morín Cabrera explicó: “Fui programado para deshacerme un cálculo renal por medio de láser, ya que mi médico familiar me hizo saber que ya se encontraba alojado en el uretero derecho.

Luego de la intervención, el cirujano Francisco Javier Turrubiartes Palomo me mostró una pequeña piedra envuelta en algodón y me hizo saber que ese era el problema y que ya no me iba a dar lata, pero también me informó que se había presentado un problema y me habían extirpado un riñón, detalló.

El agente le pidió al galeno que le mostrara su riñón, pero éste le dijo que lo había tirado a la basura porque ya estaba inservible, por lo que optó por presentar una queja ante la Coordinadora General de Atención y Orientación al Derechohabiente del IMSS, donde lo trajeron a vuelta y vuelta.

Ante su insistencia, logró una audiencia de conciliación el 29 de enero de 2015 con el doctor José Luis Zavala Cuadra, representante de la institución médica, en la que le comunicaron que la cirugía se había complicado y era necesario una nefrectomía para salvarle la vida.

El afectado acudió luego ante la Comisión Bipartita de Atención al Derechohabiente del Consejo Consultivo Regional del IMSS. En el dictamen de esta instancia (expediente 378/14), en manos de la Conamed, se asegura que en este caso se siguió el protocolo correspondiente y en virtud de que el paciente estaba sedado y tampoco se pudo localizar a sus familiares en el momento de la intervención quirúrgica, se le extirpó el riñón.

A mediados del año pasado, una vez agotados los recursos médicos sin obtener una respuesta satisfactoria, interpuso una denuncia ante la delegación de la Procuraduría General de la República contra el médico que lo intervino o quien salga responsable por el probable delito de tráfico de órganos y lo que resulte.