En un año y dos meses que lleva de vigencia el sistema penal acusatorio en ocho estados de la República, la Procuraduría General de la República (PGR) consignó penalmente 836 carpetas de investigación, de las cuales, hasta enero pasado, sólo en cuatro casos terminaron en un juicio oral.

Según datos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), los delitos por los que la PGR inició investigaciones penales durante 2015 son: armas y cartuchos prohibidos (862 casos), contra la salud y narcóticos (255), robos (212), contra el medio ambiente (31) y contrabando (31).

De todos los anteriores, sólo pidió órdenes de aprehensión o ejercitó acción penal en 836 casos, de los cuales, 215 ya habían terminado a la fecha del informe (206 por procedimiento abreviado, siete por sobreseimiento, y sólo dos por un juicio oral), mientras que 621 casos aún se desahogan en algún juzgado especializado en el sistema acusatorio.

La escasez de juicios orales es una de las características distintivas del sistema acusatorio, que busca que los acusados se declaren culpables en procedimiento abreviado, sin incurrir en gastos y complicaciones de un proceso con todas las etapas.

El conocido penalista Juan Velásquez ha sido uno de los más férreos críticos de este sistema, precisamente por esta circunstancia que termina orillando a los imputados a declararse culpables, aunque no lo sean, a cambio de negociar la pena con un fiscal y obtener sentencias penales benévolas.

El abogado del ex presidente Luis Echeverría, durante una entrevista realizada el 13 de junio de 2014 en Tijuana, Baja California, dijo que el nuevo sistema de justicia penal terminará por fracasar, porque no garantiza que habrá justicia para pobres ni castigo para ricos.

Por lo pronto, los jueces adscritos a los Centros de Justicia Penal del CJF se dedican a desahogar 37 modalidades distintas de audiencias, que no son para el debate de un juicio oral, sino para atender multitud de temas preliminares e incidentales.