El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y la organización ambientalista Greenpeace exigieron al gobernador del estado de México, Eruviel Ávila, la liberación de Ildefonso Zamora, defensor de bosques, quien está preso desde hace tres meses acusado de robo, en un proceso judicial plagado de irregularidades y violaciones a los derechos humanos.

El líder indígena tlahuica, quien desde hace 18 años ha enfrentado a los talamontes en el estado de México, fue detenido en forma arbitraria el pasado 20 de noviembre, sin orden de aprehensión, mediante una acusación fabricada por el Ministerio Público de Tenancingo. Además, ninguna autoridad le notificó que había una averiguación previa en su contra desde 2012.

En conferencia de prensa, familiares del líder indígena preso y directivos del Centro Pro y de Greenpeace señalaron que las acusaciones carecen de sustento, pues el día en que presumiblemente cometió el delito estaba en un lugar distinto, como lo acreditan diversos testimonios y pruebas entregadas a la autoridad.

La defensa de los bosques le ha costado al líder indígena el asesinato de su hijo Aldo Zamora, perpetrado por talamontes; la detención de Misael Zamora, otro de sus hijos, en 2015, por militares, y su libertad.

Así, a la impunidad en el homicidio de Aldo se suma suma la injusticia de encarcelar a un hombre que con su comunidad ha protegido los bosques de San Juan Atzingo desde 1998, señalaron representantes del Centro Pro y Greenpeace en conferencia de prensa.

En un comunicado, se informó que recientemente el Centro Pro y Greenpeace México presentaron el caso ante las Relatorías de los Pueblos Indígenas, del Medio Ambiente y de Personas Defensoras de Naciones Unidas, y se espera que en breve envíen alguna comunicación al Estado mexicano.

Greenpeace trabajó desde 2004 con la familia y la comunidad de San Juan Atzingo y se presentaron denuncias ante las autoridades por las que se libraron en ese momento casi 50 órdenes de aprehensión contra talamontes; sin embargo, no hubo detenciones. En 2007, el presidente Felipe Calderón otorgó un reconocimiento al mérito ecológico a don Ildefonso y su comunidad, y prometió justicia, tampoco cumplió.