Entre gritos de demanda de justicia del público a Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), el activista Abel Barrera Hernández, fundador del centro Tlachinollan, recibió ayer el Reconocimiento por la igualdad y la no discriminación, el cual dedicó a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos.

El premio lo otorgó el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). El trabajo que hemos hecho en Tlachinollan, sobre todo por el caso Ayotzinapa, es objeto de múltiples denostaciones, denunció Barrera en el auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología, donde se realizó la ceremonia.

Narró la manera en la que supieron qué es la discriminación: con la lucha de las indígenas Valentina Rosendo e Inés Fernández al denunciar la tortura y violación que sufrieron por militares; con los opositores a la presa La Parota, a quienes nadie les preguntó si estaban de acuerdo con esa construcción; con los niños na savi y su derecho a la salud, y cuando decidimos caminar con los padres de los 43 normalistas.

El activista dedicó el premio a esas familias, quienes, dijo, luchan porque lo único que desa-parezca sea la injusticia y la discriminación. Al terminar su discurso el público también coreó, ahora con el premiado: ¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!

La actitud de los asistentes fue distinta cuando tocó el turno a Campa Cifrián. Quiero señalar el compromiso del gobierno de México en la protección de los defensores de derechos humanos, expresaba el funcionario cuando fue interrumpido por voces del público que exigieron justicia. Alzó la voz y continuó garantizando la seguridad, libertad de expresión y acceso a la justicia para los activistas.

Hay que admitirlo, la discriminación está omnipresente y es cotidiana, señaló Alexandra Haas, titular del Conapred. Lo ejemplificó al informar que la probabilidad de que una niña indígena termine viviendo en pobreza es dos veces mayor que la del resto de la población, y todo por su origen étnico.

El galardón se otorgó también a la organización México Negro. Su fundador Sergio Peñaloza Pérez fue el encargado de recibirlo y aprovechó para pedir una vez más al Estado mexicano el reconocimiento constitucional de los afromexicanos. Emily Arnold, activista por los refugiados, obtuvo el premio internacional.

De manera póstuma se reconoció a Esther Chávez Cano, quien luchó contra los feminicidios de Ciudad Juárez. Fue la primera en documentar los asesinatos y casos de violencia contra mujeres en la zona fronteriza; además, sentó las bases para la batalla jurídica por la igualdad de género.