Pese a que México ha firmado tratados internacionales para la protección de los derechos humanos de los pueblos indígenas, no ha generado una ley de consulta en comunidades para el desarrollo de proyectos de infraestructura de energías renovables, aseguró Katya Puga Cornejo, directora general de impacto social y ocupación superficial de la Secretaría de Energía (Sener).

Al participar en el segundo y último día del congreso México Wind Power 2016, afirmó que actualmente existen cinco iniciativas de consulta dormidas en el Congreso. No tenemos una regulación a nivel nacional que nos permita interpretar el carácter de una consulta y estamos en riesgo de tomar caminos en el que el Poder Judicial empiece a determinar los criterios que van a perfilar cuándo es previa una consulta.

México, agregó, es uno de los pocos países de América Latina que no han generado ley o reglamento de consulta sobre desarrollo de proyectos con comunidades indígenas.

Perú cumple cinco años de haber empujado su ley de consulta que tomó mucho tiempo en términos de la discusión y que surgió después de graves y terribles historias de conflictividad social en las que había una preocupación muy grande por el enorme número de pérdidas humanas que se estaban dando con proyectos mineros.

En Colombia, dijo, su tribunal constitucional empezó a perfilar sentencia tras sentencia una ruta procedimental de la consulta que luego de cuatro años se tradujo en la emisión de un decreto presidencial. Ecuador ha empezado ya en el sector hidrocarburos, pero trabaja en una ley nacional.

Hay un esfuerzo pendiente del Estado mexicano sobre este tema de consulta. Hasta el momento, dijo, no está a debate esa consulta.

El primer reto es la regulación, por lo que hay mucha incertidumbre. Ante los representantes de los proyectos eólicos diseminados en el país, destacó que falta una ley de consulta o decreto presidencial para la participación de las comunidades indígenas.

La funcionaria de la Sener indicó que también hay una indefinición de qué entidades deberían de hacer la consulta.

Adicionalmente, existe la interrogante de cuál es la implicación en la participación de los beneficios. El reto, añadió, es comenzar a definir con las comunidades el modelo de beneficios compartidos.

También se requiere la coordinación interinstitucional, pues después de dos años las dependencias no hemos podido saltar esas barreras, reconoció.

Más adelante, indicó que se requiere la creación de capacidades para que las dependencias puedan generar diálogos interculturales. Se requiere la creación de capacidades de los interlocutores.