Guanajuato, Gto.

Unas 800 personas se manifestaron ayer frente al Congreso local, para solicitar la revocación de mandato de la alcaldesa priísta de Pueblo Nuevo, Larissa Solórzano Villanueva, a quien acusan de tráfico de influencias, desvío de recursos y de reprimir a ciudadanos.

El palacio legislativo fue blindado por elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado ante la llegada de cientos de integrantes de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (Coduc) mientras en el interior se desarrollaba la sesión del pleno.

Una comisión de la Coduc, respaldada por diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), entregó a la secretaría general del Congreso la solicitud de revocación de mandato contra Larissa Solórzano, firmada por 3 mil ciudadanos. “Hay nepotismo (dentro del ayuntamiento, lo que se tipifica como tráfico de influencias); pusieron a toda la familia, además están reprimiendo a la gente que se manifestó (tomando la presidencia en junio y octubre de 2015) para que se limpiara el proceso electoral, les cortan el agua, les cierran los negocios, cierran caminos, les mandan a la policía”, aseguró el dirigente de la Coduc, Marco Antonio Ortiz.

Los manifestantes, junto con regidores de oposición al Partido Revolucionario Institucional (PRI), también solicitaron que la Auditoría Superior del Estado realice una auditoría integral a los tres trienios encabezados por los hermanos Leonardo, Adriana y ahora por Larissa Solórzano.

Indicaron que en Pueblo Nuevo hay desvío de recursos, y advirtieron que si Larissa permanece en el cargo “vamos a organizarnos para tomar de nuevo el ayuntamiento de Pueblo Nuevo”.