La Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) del Tratado de Libre Comercio de América del Norte aceptó la solicitud presentada por organizaciones en la que denuncian violaciones a los tratados internacionales y a la ley ambiental mexicana por el manejo que se ha dado a los televisores analógicos desechados a raíz de la transición a la señal digital terrestre.

En conferencia de prensa, Sofía Chávez Arce, directora de Vías Verdes; Raymundo Espinoza, abogado de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), y la química bacterióloga parasitóloga Mercedes Cabañas, asesora de la ANAA, precisaron que el gobierno mexicano tiene de 40 a 60 días para responder a la CCA este recurso, interpuesto el 24 de agosto pasado.

Detallaron que en 2014 había en el país 34 millones 384 mil 915 aparatos analógicos (con 67 mil 319 toneladas de óxido de plomo), de los cuales 20 millones 675 mil 168 (40 mil 478 toneladas de óxido de plomo) disponían sólo de programación abierta, la cual perdieron con el apagón analógico al no estar conectadas a un decodificador de sistema de cable.

De acuerdo con sus investigaciones, muchos de estos aparatos fueron arrojados a la basura, a las calles, a áreas naturales o han sido incinerados. Esta disposición inadecuada generará contaminación por metales pesados: plomo, cadmio y mercurio, principalmente.

Cabañas resaltó que el peligro no sólo está en los componentes de los tubos de rayos catódicos de estos televisores, sino también en sus estructuras plásticas, provistas de retardantes de flama bromados, elementos inestables que se liberan constantemente al ambiente.

Añadió que esas sustancias son mutagénicas y cancerígenas, además de que afectan la acción de diversas hormonas.

Aludieron que tampoco hay garantía de que los aparatos recolectados en centros de acopio gubernamentales, dentro del Programa Nacional para la Gestión Integral de los Televisores Desechados por la Transición a la Televisión Digital, sean tratados adecuadamente, pues expusieron que la empresa que se adjudicó esta actividad, Reind Química, no tiene anuencia para tratar tubos de rayos catódicos. Acotaron que sabiendo el problema las empresas recicladoras de electrónicos ni siquiera concursaron.

Espinoza indicó que la solicitud a la CCA también denuncia las omisiones en la aplicación efectiva de la legislación ambiental.

Expusieron que en otros países que han tenido esta transición, los gobiernos no regalaron televisores digitales, sino repartieron decodificadores, lo cual contribuyó a que no todos los aparatos analógicos fueran desechados.

Por ello, sancionaron la distribución de 10 millones de televisores digitales y no exigir que quienes las recibieran entregaran de inmediato su aparato analógico, ya que haber colectado 12 mil 200 televisores no es nada comparado con el universo de aparatos existentes.