a hay un primer castigado en la época del papa Francisco por los casos de pederastia clerical en Oaxaca, donde durante años hubo abusos sexuales por decenas contra menores de edad pertenecientes a comunidades indígenas: el presbítero Manuel Arias Montes, promotor de la teología indígena y principal denunciante oportuno y persistente de tales abusos sexuales, enfrenta una orden de retiro del ejercicio sacerdotal y una demanda judicial por presunta violencia familiar.

Ayer, para cumplir con esos propósitos de venganza cupular contra el cura que recorrió todos los caminos eclesiales internos en demanda de justicia, gente armada, que los feligreses aseguraron que son policías estatales, violentó puertas y candados de la parroquia de la Inmaculada de Juquila, en una unidad habitacional del Infonavit, la Ricardo Flores Magón, en la ciudad de Oaxaca, para tratar de dar por notificado a Arias Montes de resoluciones arzobispales y judiciales en su contra e instalar a un nuevo párroco, Martín Octavio Ortiz.

“¿Cómo es posible que haya ese odio en el arzobispo Chávez Botello y en su apoderado legal, Wilfrido Mayrén, llamado el padre Uvi, para mandar gente armada a provocar violencia en la casa de Dios?”, se preguntaba al teléfono el cura Arias Montes. Llegaron con judiciales el vicario general del arzobispado, Francisco Reyes, el canciller Lorenzo Fanelli y el presunto nuevo párroco, Martín Octavio García Ortiz. Irrumpieron, provocaron; los judiciales venían armados, traían un cerrajero para quitar los candados de las puertas, mismos que se robaron.

Sin embargo, “los feligreses lograron sacarlos, pero ahora esas personas han advertido que levantarán actas por amenazas, allanamiento de morada y agresiones. Yo hago responsable de lo que suceda al arzobispo Chávez Botello y al padre Uvi, tanto de estos conatos de violencia como de lo que me llegue a pasar en mi persona y a mis colaboradores. ¿Por qué tanto odio del arzobispo y su apoderado contra mí? ¿Por qué esta manifestación de poder, bajo el amparo del Estado?”, decía Arias Montes antes de suspender el telefonema por una nueva arremetida de las personas armadas.

La venganza del arzobispo Chávez Botello y su apoderado legal tiene como referencia la denuncia que el propio Arias Montes, y nueve sacerdotes y diáconos más, presentaron ante el propio Chávez Botello respecto de los abusos sexuales contra menores de edad de la sierra zapoteca por parte del también presbítero Gerardo Silvestre Hernández, quien comenzó a ser señalado por padres de familia y sacerdotes de la zona en 2009, aunque los abusos provenían desde 2006. A pesar de los testimonios, ni el arzobispo Chávez Botello ni El Vaticano atendieron los señalamientos.

En realidad, a Silvestre Hernández se le fue cambiando de parroquia en parroquia, siempre dejando tras de sí el previsible rastro de pederastia, e incluso el arzobispo (a quien el propio acusado mencionaba como muy cercano a él, al grado de decir que ese jerarca era su pollo) le dio en esos años de quejas por depredación sexual un nivel más alto en la estructura de la arquidiócesis, al nombrarlo decano. Fue hasta 2012, a raíz de la demanda judicial interpuesta por un padre de familia, que el pederasta Silvestre Hernández fue aprehendido, pero aún no se le dicta sentencia. La historia de esta protección cupular a sacerdotes acusados de criminalidad sexual fue publicada por La Jornada como nota principal el 4 de junio de 2012 (http://goo.gl/uTsxOr).

Ni este caso ni otros similares propiciaron un pronunciamiento, aunque fuese genérico, del papa Francisco en su acolchonada visita a México. En tierra mexicana eludió los temas de los 43 desaparecidos y de la pederastia clerical. Sólo cuando iba volando, de regreso a Roma, deslizó algunas opiniones (la vocería del Vaticano ha precisado que lo dicho por el pontífice en esas entrevistas de prensa en el avión de regreso son solamente eso, opiniones, no posturas en firme). En particular, dijo que los obispos que permitieran que sacerdotes acusados de pederastia fueran cambiados de parroquia deberían renunciar. El arzobispo de Oaxaca ya ha presentado su solicitud de relevo en el cargo, pues ha cumplido 75 años, pero Francisco no la ha aceptado. Mientras tanto, ese arzobispo avanza en la imposición de castigos ejemplares a quienes se hubieran atrevido a denunciar la pederastia clerical que sigue intocada, impune, bendecida desde las alturas del poder católico.

También en Oaxaca, pero en Tuxtepec, la edificación de la catedral llamada La Barca se vino abajo, en un accidente de construcción que al momento de cerrar esta columna era mencionado como causante de varias muertes. A los desmoronamientos institucionales que el país está viviendo, entre colusión de los poderes de la política y del narcotráfico, violencia desbordada e impune, riesgos de desplome económico y de sublevación social, y creciente censura internacional a la conducción peñista, se han agregado desgracias materiales constantes y se ha ido instalando un aire enrarecido (no se habla sólo del correspondiente a la Ciudad de México, donde a la contaminación atmosférica y los virus voladores se añade la farsa del constituyente previamente controlado).

Ayer mismo, por ejemplo, hubo dos amenazas de bomba (una en la clínica 10 del IMSS y otra en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en Azcapotzalco) que fueron atendidas por las corporaciones oficiales adecuadas, pero que, en medio del desalojo de miles de personas de las instalaciones bajo amago, dejaron la percepción de que hay una generalizada inestabilidad, natural o bajo impulso artificial.

Y, mientras los profesores de la sección 22 recuperaron beligerancia ayer al enfrentarse al Estado Mayor Presidencial y a policías federales en el marco de una visita de Enrique Peña Nieto a Oaxaca para inaugurar un negocio eólico, ¡hasta el próximo lunes, con huelga de hambre de familiares y abogados de El Chapo por malos tratos carcelarios!

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