El titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se reunió ayer con el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, para revisar el caso Tierra Blanca, donde el pasado 11 de enero policías estatales levantaron a cinco jóvenes y los entregaron a un grupo criminal. El mandatario estatal prometió una depuración efectiva de la policía.

De acuerdo con la declaración del octavo detenido, vinculado a los hechos, los cinco jóvenes fueron asesinados y sus cuerpos destruidos, como ocurrió con los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, en septiembre de 2014.

En la reunión, Osorio y Duarte acordaron mantener la colaboración de las instancias federales y estatales el tiempo que sea necesario para brindar apoyo a las familias de las víctimas y garantizar que el caso se esclarezca en su totalidad.

El secretario de Gobernación dijo que es necesario hacer transformaciones de fondo en los cuerpos de seguridad locales y ponderó la aplicación de cambios estructurales para garantizar la existencia de policías confiables y profesionales en todo el país.

En el encuentro privado, el gobernador Duarte se comprometió a realizar una depuración efectiva de la policía estatal y fortalecer los esquemas de capacitación de todos los elementos de la corporación.

Veracruz es una de las entidades con los mayores porcentajes de policías reprobados.

En 2014, el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), dependiente de la Secretaría de Gobernación, reportó que de 334 mil elementos evaluados en el país (de los niveles estatal y municipal), 38 mil 698 (12 por ciento) no aprobaron los exámenes de control de confianza.

En el caso de Veracruz, se informó que hubo 4 mil 761 aprobados y 4 mil 273 en proceso de depuración.

Las cifras de 2015 fueron similares, aunque el detalle fue retirado de la página electrónica del SNSP.

En septiembre pasado, el comisionado nacional de Seguridad, Renato Sales, dijo que no existe un censo de los policías expulsados de los tres niveles de gobierno.

Un reto mayor para el Estado es realizar el censo de las personas expulsadas desde 1999, cuando se modificó la Constitución para permitir la expulsión de los policías (reprobados), con base en el artículo 123 apartado B, fracción 13, dijo entonces.

En el comunicado de ayer, Gobernación señaló que el encuentro matutino tuvo como propósito analizar las acciones conjuntas que se realizan en esa entidad. Ambos funcionarios revisaron los avances en la investigación del caso Tierra Blanca y evaluaron las acciones de prevención social de la violencia, particularmente en las comunidades más vulnerables de la entidad.