Asesinato en Honduras
ste viernes nos paramos frente a la embajada de Honduras en México para exigir justicia para Berta Cáceres, luchadora indígena, defensora del territorio, premio Goldman 2015, mujer, madre, joven abuela que justo un día después de su asesinato cumpliría 44 años. El mismo acto de protesta se realizó en representaciones diplomáticas de Valencia, Buenos Aires, Brasilia, San Salvador, Managua, San José, Río de Janeiro y demás ciudades en las que, ante la impotencia y la indignación, la gente decidió salir a las calles a exigir castigo para los responsables.
Las señales que envía el gobierno de Honduras no pueden ser más ominosas. Se investiga ahora a los integrantes del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), organización de la que Berta era coordinadora general. Criminalizar a los luchadores y luchadoras sociales no es nuevo, pero hacerlo en estas circunstancias resulta siniestro. Apenas unos días antes Berta había denunciado persecución y amenazas contra ella y contra otros integrantes del Copinh. De hecho ella contaba con medidas cautelares dictadas por la CIDH, pero, como en México, de nada sirvieron. Dos sujetos ingresaron a su domicilio particular y la acribillaron. Cuatro balazos recibió su cuerpo.
El sociólogo mexicano Gustavo Castro, coordinador de Otros Mundos Chiapas AC, Amigos de la Tierra México y miembro del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y la Red Mexicana de Afectados por la Minería, estaba con ella, fue herido pero ya está estable y se encuentra retenido en la comunidad en calidad de testigo protegido. Su seguridad en Honduras es asunto de alta preocupación, por lo que las organizaciones mexicanas de las que forma parte pusieron una voz de alerta por su integridad física y sicológica.
Las investigaciones deben tomar en cuenta la identidad de las dos víctimas, reconocidos defensores de los derechos humanos y del medio ambiente, cuya lucha incansable contra la minería y las represas en México, Honduras y toda Mesoamérica siempre ha obstaculizado los intereses de las empresas promotoras de proyectos de muerte, y a los gobiernos de la región que los apoyan
, advierten organizaciones ambientalistas internacionales en un comunicado difundido en México.
Este asesinato representa el grado de vileza al que pueden llegar trasnacionales y gobiernos para imponer sus megaproyectos de muerte. Minas, represas, acueductos, carreteras, proyectos turísticos y un sinfín de planes capitalistas se instalan a costa de la sangre de los dueños originales del territorio.
Regresar a Gustavo Castro a México es urgente. Es indispensable exigir al gobierno de Honduras que lo proteja y al de México que vigile su retorno.
