omo resultado de la visita in loco que realizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entre el 28 de septiembre y 2 de octubre del año pasado, ahora contamos con el Informe sobre la Situación de derechos humanos en México, que confirma, sin lugar a dudas, la crisis de derechos humanos en que se encuentra el país. Salta a la vista que en dicho documento la CIDH da cuenta amplia de las informaciones que recibió, los testimonios de víctimas y organizaciones sociales que recabó, las entrevistas que sostuvo con diversos representantes del Estado en sus tres órdenes y niveles de gobierno, así como de los datos oficiales que las propias instituciones del gobierno le proporcionaron. Y no sólo de lo que observó durante su estancia, sino también del seguimiento y atención que ha dado en otros momentos a las audiencias temáticas sobre México, y al procesamiento de medidas cautelares, visitas de las relatorías, o peticiones y casos que hasta su oficina han llegado desde nuestro país.

El informe que la CIDH dio a conocer el pasado miércoles es ciertamente resultado de esta última visita, pero igualmente del conocimiento que tiene de la grave situación que padecemos en México; por ejemplo, desde que se inició la llamada guerra contra el narcotráfico durante el sexenio encabezado por Felipe Calderón. Lo anterior cobra relevancia, pues con base en ello podemos afirmar que es inobjetable la crisis en que estamos y que no existe posibilidad de que en las conclusiones presentadas hallemos sesgos o equivocaciones, y por tanto bajo ningún concepto se puede demeritar el arduo trabajo que realizaron las y los comisionados y su secretario ejecutivo. En este sentido, el informe recoge una caracterización de esta crisis, con particular énfasis en desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura, así como en la situación de inseguridad ciudadana, la falta de acceso a la justicia, la impunidad y las situaciones de vulnerabilidad a las que se ven sujetos los periodistas, los defensores y defensoras de derechos humanos y otros grupos afectados por el contexto de violencia.

El informe da cuenta a detalle de la desaparición y desaparición forzada que se registra en grandes extensiones del territorio mexicano, cuyo número asciende a 26 mil 798 personas no localizadas, y subraya que es innegable la participación de agentes del Estado en muchos de esos casos. En cuanto a tortura, concluye que sólo 0.6 por ciento del total de las investigaciones han obtenido sentencias condenatorias contra funcionarios gubernamentales a nivel federal, y refrenda la aseveración del relator especial de Naciones Unidas sobre Tortura, Juan E. Méndez, sobre que esta práctica es generalizada en el país. También se documentó la situación sobre ejecuciones extrajudiciales, en las que sobresalen los casos de Tlatlaya, en el estado de México; Apatzingán, y lo sucedido en los límites entre Ecuandureo y Tanhuato, en Michoacán, donde, de acuerdo con el informe, todo apunta a la presunta participación de autoridades federales y miembros de las fuerzas armadas, así como a la alteración de la escena del crimen, con el fin de presentar la situación como si se tratara de enfrentamientos, e incluso a irregularidades en las investigaciones, con el propósito de eximir a agentes del Estado de toda responsabilidad.

La CIDH tampoco vacila en asegurar que en gran medida el uso de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública ha desatado aún mayor violencia, así como violaciones graves a los derechos humanos, y en la que se observa una falta de rendición de cuentas conforme a los estándares internacionales. En este mismo sentido documentó los altos niveles de impunidad, así como atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y sus familiares, lo que conlleva falta de acceso a la justicia, y con ello la repetición de las graves violaciones a los derechos humanos. Por otro lado, constató también amenazas, hostigamientos, asesinatos y desapariciones de personas que buscan verdad y justicia, lo cual ha provocado entre la sociedad mexicana amedrentamiento para acudir a denunciar las situaciones que padecen. La CIDH pone especial énfasis en el caso de Ayotzinapa; señala que es una llamada de atención nacional e internacional sobre las desapariciones y su lamentable correlato de graves deficiencias en las investigaciones, sanciones y resarcimiento de daños, así como sobre el nulo cumplimiento de garantías de que no se repetirá. De forma enfática expresa que es un caso emblemático de la aparente colusión entre agentes del Estado e integrantes del crimen organizado. Respalda también el trabajo que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) realiza en el país, e insta al Estado para que brinde acceso a las y los expertos para entrevistar a miembros de fuerzas armadas. En específico, a sus integrantes presentes en los hechos ocurridos en Iguala.

Llama poderosamente la atención que el gobierno federal responda que todo este trabajo es erróneo, y que no refleja la situación de México. Sin embargo, obvia reconocer que es insuficiente argüir un marco legal, que en muchos casos, como lo han señalado repetidamente las organizaciones civiles de derechos humanos, ni siquiera se apega a los estándares internacionales, y que el principal parámetro son las víctimas, vale decir cientos de miles de personas o comunidades que ven menoscabados sus derechos. Por ello la CIDH vuelve a invitar al Estado mexicano a que efectivamente cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos, y a que cierre la discrepancia que se observa entre su marco normativo y la realidad que vive el país. Si no fuera así, entonces el cuestionamiento sobre metodologías o premisas sí sería en realidad lo erróneo.