La primera causa de encarcelamiento de mujeres en penales federales del país es el narcotráfico. El 53 por ciento de las acusadas del fuero federal están presas por delitos relacionados con estupefacientes, a pesar de que ocupan el eslabón más bajo de la estructura ilegal. La mayoría son madres y responsables de la economía familiar, así que la política de combate a las drogas también afecta a sus hijos y otros parientes.

Esa información se dio a conocer ayer por integrantes de la organización Equis, Justicia para las Mujeres. En la presentación de propuestas de reformas legislativas y políticas públicas, realizada en la Casa Lamm, solicitaron a diputados y juzgadores crear alternativas carcelarias para embarazadas y para quienes tengan hijos o estén lactando. Asimismo, pidieron aplicar el enfoque de género en las sentencias e instaurar protocolos de detención y arresto cuando haya menores de por medio.

“Proteger la infancia es el primer objetivo de esa lucha. Como decía Felipe Calderón, ‘para que las drogas no lleguen a nuestros hijos’, pero están olvidados”, apuntó Corina Giacomello, investigadora del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) y colaboradora de Equis.

En 2013 más de 2 mil estaban acusadas de faltas relacionados con el narco. Casi todas son pobres, de bajos niveles educativos, no tienen antecedentes penales y trabajaban en la economía informal, señala el documento Propuestas de reformas en casos de encarceladas por delitos de drogas en México. El tráfico de estas sustancias es una opción de ganar más dinero sin emplear mucho tiempo y no descuidar a su familia.

Como el caso de Lorena, de 25 años, quien aceptó transportar mariguana desde su pueblo en Chiapas a la Ciudad de México. Desde hace tres años vive en prisión con su hijo, quien padece parálisis cerebral.

El 44 por ciento de las reclusas fueron detenidas por transportar droga y 30 por ciento por posesión. La mayoría no forma parte del crimen organizado y más bien fueron utilizadas. Sin embargo, los juzgadores no toman en cuenta eso, señaló Elena Azaola Garrido, antropóloga y especialista en temas de violencia y criminalidad.

El alarmante número de presas, como calificó la magistrada del séptimo tribunal colegiado en materia penal, Mónica López Benítez, se debe, entre otros motivos, a la ignorancia y la pobreza. Algunas delinquen para alimentar a sus hijos y porque no saben qué tan grave es transportar o portar droga, explicó.

Ana Pecova, presidenta de Equis, subrayó la necesidad de poner en práctica alternativas de prisión, como el encarcelamiento domiciliario. La organización propone tomar en cuenta que muchas no tienen agravantes, revisar las penas para delitos contra la salud, así como la pertinencia de la despenalización de drogas o el incremento en las dosis permitidas.