Los árbitros electorales de 11 estados están sujetos a procedimientos de remoción por parte del Instituto Nacional Electoral (INE).

En un informe, el INE indica que varios partidos políticos han solicitado el despido de los consejeros electorales de los organismos público locales (Oples) por cometer presuntas conductas negligentes, omisas, incrementarse sus sueldos, no ser imparciales o recibir remuneración en otro empleo.

Producto de la reforma político electoral de 2014, dichos consejeros fueron puestos por los consejeros del INE, después de largos proceso de evaluación presuntamente para evitar la injerencia de los gobiernos locales. Sin embargo, hasta ahora tres consejeros de Chiapas ya fueron destituidos por un fraude electoral cibernético, mientras la consejera presidenta en Colima sigue sujeta a investigación por dar como ganador al Partido Acción Nacional (PAN) cuando en realidad el vencedor era el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Los institutos electorales que acumulan más quejas son los de Querétaro y Colima, con dos cada uno.

Los Oples de Guerrero, Nuevo León, Tabasco, Oaxaca, estado de México, Morelos, Veracruz, Tlaxcala y Sinaloa han sido denunciado una vez en cada caso.

Por ejemplo, a los consejeros de Nuevo León se le responsabiliza de haber aprobado diversas resoluciones que impidieron el registro oportuno de candidatos y a la comisión electoral de ser omisa en cumplir una sentencia del Tribunal Electoral.

A los de Tabasco se les acusa de haberse aumentado sus sueldos y de aprobar solicitudes de registro de candidatos presentadas por los partidos políticos que no cumplieron con la paridad de género.

En el caso de los consejeros de Morelos se les achaca violar los principios de imparcialidad e independencia, por tener cierta preferencia y vínculos con la otrora coalición integrada por el PRI, Verde y Partido Nueva Alianza.

Movimiento Ciudadano solicitó la remoción del consejero Jesús Uribe Cabrera por desempeñar funciones académicas en la Universidad Autónoma de Querétaro y recibir una remuneración a cambio.

Las solicitudes de remoción se han presentado por el Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, PRD, PRI, Partido Social Democrático, Partido Alianza Ciudadana, Morena, y el Consejo Indígena del Sureste, entre otros.