rustrante resultó para familiares de los 43 la reunión que tuvieron con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Robespierre Robles Hurtado, pues cuando esperaban recibir los videos tomados el 26 y 27 de septiembre de 2014, días en que desaparecieron los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, el funcionario salió con que el Poder Judicial los entregó a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) y que son parte de la indagatoria PGR/SEIDO/UEIDMS/001/2015.

Si así fuera, resulta extraño que esta información no se haya proporcionado antes a los familiares, que han venido reclamando copia de los videos desde hace 17 meses.

El caso no sólo no se aclaró, sino se enturbió más a partir de que, en la misma reunión, Isidoro Vicario, uno de los abogados del Centro de Derechos Humanos La Montaña Tlachinollan, refutó a Robles Hurtado en plena reunión al afirmar que ellos tienen copia de esa diligencia que realizó la Seido, y constataron que en ese material no hay nada grabado.

Hace meses, Lambertina Galeana Marín, presidenta del TSJ, dijo que desconocía si existían esos videos, pero el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes ha sostenido que las grabaciones fueron entregadas al tribunal, es decir, a Galeana Marín.

Los integrantes del GIEI ya denunciaron ante la Organización de Naciones Unidas que se les están colocando numerosos obstáculos para impedir que lleguen a la verdad. Así, queda claro que no es que no se pueda esclarecer el caso; es que no se quiere.

Aparentemente el gobierno de la República apoya la labor del grupo de expertos, pero en la realidad rehúsa seguir las observaciones y propuestas que ha formulado, apostando más al desgaste y al cansancio.

No hay, pues, dudas ni confusiones, sino la certeza de que se trata de darle vuelta al asunto, de aparentar ser un gobierno abierto y participativo, mientras se busca hacer realidad la consigna del presidente Enrique Peña Nieto: ¡Ya supérenlo!