El 23 de enero de 2013, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en decisión dividida de tres votos contra dos, ordenó la liberación de la francesa Florence Cassez, pero no se pronunció sobre la inocencia o culpabilidad de la acusada.

La mayoría consideró que debido al montaje televisivo de su detención que hizo el entonces titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Genaro García Luna, generó la destrucción del principio de presunción de inocencia, provocando un efecto corruptor en todo el proceso penal en contra de la acusada, quien estaba imposibilitada de tener una defensa legal adecuada.

El amparo liso y llano y la inmediata libertad de quien había sido condenada a 60 años de prisión por el delito de secuestro se basaron también en que el gobierno mexicano violó la Convención de Viena, al no informar a la embajada de Francia sobre la detención de su connacional, para que ésta contara con una defensa adecuada desde un principio.