pareció ya la primera y contundente admisión oficial respecto de la profunda fragilidad de la reforma de la educación en curso. Existe, dice el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el “riesgo de que la reforma no pueda continuar… un precandidato ha dicho… que la echaría abajo” ( La Jornada, 15/3/16, p. 3), en referencia evidente a López Obrador. Ya en junio de 2015 una evaluación tuvo que ser suspendida porque las protestas en torno a ella interferirían con las elecciones en varias entidades federativas, y el episodio echó abajo al entonces secretario Emilio Chuayffet. Pero ahora la situación es mucho más grave. Se trata de toda la reforma, como informa Aurelio Nuño, actual encargado del sector. Las cúpulas que dirigen al país saben muy bien que el problema no es que un precandidato haga una declaración contra la reforma. No, el punto es que gracias, precisamente, a que durante años los maestros han construido una resistencia organizada nacional inimaginable hasta hace apenas un decenio, si un candidato la reconoce genuinamente y retoma su demanda, puede ganar la Presidencia. Aun en términos sólo cuantitativos es posible estimar que un millón (de los más de un millón y medio) de maestros inconformes votaría en contra de una desprestigiada reforma y su evaluación. Habría que sumar luego a sus familias, amigos, padres de familia, organizaciones solidarias…, que pueden multiplicar esa cantidad. No es impensable, entonces, que haya condiciones de echar abajo la reforma, como anticipa la SEP, o más bien, como piensan muchos maestros, que exista la posibilidad de construir con la SEP una alternativa de reforma de la educación (y de evaluación) junto con el magisterio, comunidades, barrios y sectores sociales.

Se está construyendo así, frente a nuestros ojos, una situación inédita en la educación. Por un lado, la fragilidad de la clase política en este tema, pues después de haber aceptado el Pacto por México, y aprobado la reforma a la Constitución y las leyes secundarias en la educación, no puede desembarazarse de esa marca de origen, y le está dejando el campo libre a Morena. Por otro lado, está también la posición de debilidad en que se han colocado empresarios y gobierno al adoptar la línea dura como propuesta fundamental de operación de la reforma. La política de la militarización y los despidos han generado entre los maestros un profundo enojo y, además, una muy justificada desconfianza en una cúpula sindical del SNTE, que al aceptar la reforma se comprometió implícitamente a no defender a los profesores. La militarización, despidos, golpes, descalificaciones, y el intento de soborno mediante premios han hecho que muchos maestros vean con claridad que gobierno e iniciativa privada, y prácticamente todos los partidos, no están ni remotamente de su lado.

Por otro lado, está la fragilidad intrínseca de la reforma, que no ha logrado ni logrará colocarse en el escenario del país como una iniciativa de transformación de la educación, sino que permanecerá como la coercitiva y conflictiva aplicación de evaluaciones estandarizadas. Y eso persigue, castiga, silencia, pero no convoca. Y una reforma de la educación que no entusiasma participativamente a los maestros, estudiantes y comunidades queda entonces como un proceso burocrático centralizado y vertical y, por eso, sumamente frágil. Carente de raigambre social e institucional, al grado que la sola posibilidad de un relevo gubernamental distinto al esperado se considera un enorme peligro.

Ante este escenario se esperaría que los conductores de la reforma (gobierno-empresarios) decidieran tomar algunas medidas que modificaran el talante agresivo y de confrontación de la reforma. Porque finalmente, para ellos, una cosa es aceptar que la reforma cueste el despido a decenas de miles de profesores, pero tal vez se considere inadmisible que le cueste la Presidencia al partido político en el poder. Salvo, claro está, que la propia imagen que proyectan en los medios del éxito de la reforma y de su usual indiferencia impidan al sector dominante, el gran empresariado, ver con más cuidado las implicaciones políticas.

Desde otra perspectiva, el escenario que los maestros han contribuido a crear hace que cobren enorme importancia algunas de las actuales y futuras iniciativas magisteriales. El mantenerlas y fortalecerlas es la única garantía de que la lógica electoral no cobre factura y venga a dominar o subsumir luego al movimiento magisterial. Hablamos de las propuestas alternativas de evaluación y de educación que se ensayan en muy diversas escalas en todo el país; la iniciativa de un Diálogo Nacional por la Educación que está en curso, las propuestas de crear un movimiento amplio que incorpore a todos los maestros sean o no de la CNTE, coordinado con otras organizaciones. Si la coincidencia de elecciones presidenciales-movimientos sociales es, por sí sola, capaz de poner en riesgo proyectos como la de creación de una educación empresarializada, otras iniciativas igual de profundamente lesivas a la nación y a los mexicanos también podrían ser declaradas en riesgo por sus propios autores.

En Veracruz y Morelos está en juego el derecho a la educación de miles de jóvenes en una universidad pública y autónoma.

*Rector de la UACM