San Cristóbal de Las Casas, Chis.

Cinco organizaciones civiles exigieron al presidente Enrique Peña Nieto y a la canciller Claudia Ruiz Massieu que el Estado mexicano incremente y ponga a la disposición de Gustavo Castro Soto toda la fuerza diplomática y legal para que de inmediato termine su colaboración en Honduras y regrese a México totalmente protegido y con pleno goce de sus derechos.

Añadieron que conforme avanza la investigación de los hechos relacionados con el asesinato de Berta Cáceres, ocurrido el 3 de marzo, se incrementa la represión en contra de los compañeros del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas (Copinh), que ha derivado en el asesinato de Nelson García, de la misma organización, sucedido el martes 15 de este mes, lo cual potencialmente supone mayor peligro para Gustavo Castro, quien se encuentra en la embajada de México en Tegucigalpa.

En una carta dirigida también al titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las agrupaciones demandaron que incrementen su labor diplomática, política y jurídica en la instrumentación de todo el procedimiento que se requiera para la inmediata aplicación del Tratado sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre ambos países para que Castro Soto sea trasladado a México.

Disponemos de información oficial que muestra tajantemente las irregularidades del proceso aplicado a nuestro compañero y que deja observar la violación contra sus derechos fundamentales.

El gobierno mexicano, insistieron, ya debe invocar formal, explícita e inmediatamente la aplicación del tratado sobre asistencia jurídica entre ambos países, que se sumaría y complementaría a otras razones jurídicas de peso que han sido puestas en curso por su defensa.