El auditorio Che Guevara pertenece a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el uso que se le dé corresponde determinarlo a los universitarios. Por ello, el Consejo Universitario (CU) de la casa de estudios demandó a quienes lo mantienen ocupado entregarlo para que sea reintegrado a la comunidad universitaria.

El máximo órgano de decisión de la Universidad –en el que están representados estudiantes, académicos, investigadores, técnicos académicos, trabajadores y directivos– emitió ayer un nuevo pronunciamiento sobre la situación del auditorio, oficialmente llamado Justo Sierra, que hace más de tres lustros fue tomado por varios colectivos estudiantiles y sociales, pero que desde hace dos años es controlado por el grupo autodenominado Okupa Che tras varios enfrentamientos violentos con otros sectores.

Interlocución

Durante la primera sesión ordinaria del pleno del CU, realizada ayer en la Antigua Escuela de Medicina, el tema fue discutido durante más de una hora por los consejeros en el punto de asuntos generales.

El rector Enrique Graue Wiechers aseveró que una de las estrategias que su administración será buscar interlocución con quienes lo controlan por medio de organizaciones no gubernamentales, y se pronunció por evitar un enfrentamiento entre los universitarios.

Se comprometió a agotar todos los recursos para tener interlocución con el Okupa Che. “Lo haré porque es necesario para la paz universitaria (…) Y cuando sienta que ya no se puede dialogar más y no pueda recurrir a más, probablemente habrá que actuar con medidas externas (uso de la fuerza pública). Nosotros no tenemos capacidades coercitivas, tendríamos que acudir a fuerzas externas. Y como bien se decía, no siempre es la mejor idea, pero puede ser la última posibilidad. ¿Cuándo sería eso? Cuando sea prudente hacerlo. Primero voy a seguir buscando la interlocución”.

En el debate se manifestó de forma unánime y clara la necesidad de tomar medidas basadas en el diálogo y la negociación que lleven a la recuperación del Che (como la mayoría de la comunidad lo conoce) y se expresó respaldo total a la decisión de las autoridades. Un importante sector se pronunció contra la salida mediante el uso de las fuerzas policiacas.

Los consejeros acordaron que una comisión plural, integrada por la abogada general, Mónica González Contró; el presidente de la Comisión Especial de Seguridad del CU, José Salcedo Aquino, y por estudiantes, trabajadores, académicos e investigadores, trabaje un posicionamiento.

En el pronunciamiento el CU se refiere al recinto por su nombre oficial, pero por primera vez acepta que es conocido como Che Guevara, llamado así por los integrantes del movimiento estudiantil de 1968. De igual forma lo llamó en una ocasión el rector.

El texto añade que el diálogo es la vía para resolver los diferendos en la casa de estudios y que se rechaza cualquier tipo de provocación o de violencia, cualquiera que sea su origen. Demandaron que los ocupantes lo entreguen ya para que éste sea reintegrado a la comunidad universitaria.

Durante la sesión, 24 de los más de 280 consejeros tomaron la palabra. La primera fue Gloria Villegas, directora de la Facultad de Filosofía y Letras –entidad anexa al recinto–, quien subrayó que se trata de una situación compleja y que la ocupación ha generado diferentes acciones de violencia en torno a la facultad. Enfatizó que la solución compete a la Universidad en su conjunto.

Gerardo Flores, consejero estudiante por la Facultad de Derecho, llamó a tomar las medidas legales pertinentes, pues por más de 15 años se ha intentado dialogar con los ocupantes, pero no se han obtenido resultados. Sofía Cortés, de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia, dijo que se han agotado todas las opciones de diálogo y propuso hacer una campaña de difusión sobre lo que representa históricamente el recinto. Otros consejeros consideraron que el Justo Sierra se ha convertido en un foco rojo donde hay violencia y venta de narcóticos

Los consejeros alumnos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Gustavo Rojas y Luis Alberto Trejo calificaron de error pensar en el uso de la fuerza pública como medida para liberar el recinto. El problema no es sólo recuperarlo, sino cómo se mantiene para la comunidad. Cómo hacemos que la comunidad se apropie del espacio.

Mary Carmen Larralde y Octavio Solís, representantes de los trabajadores, se pronunciaron contra el ingreso de policías. Solís llamó a no criminalizar el activismo estudiantil por las acciones del Okupa Che.

Alfredo Laguarda, representante de los investigadores del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, aseveró que no se ha conseguido nada con llamados y el diálogo, por lo que planteó realizar un plebiscito para que sea la comunidad la que les diga que se vayan de ahí.