seis años de que soldados asesinaron a dos estudiantes del Tec de Monterrey a las puertas de su campus en la capital de Nuevo León, ni siquiera se ha turnado el expediente ante un juez.

Judicialmente, Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo, quienes fueron alumnos de posgrado, becarios con excelentes calificaciones, siguen siendo considerados miembros de algún grupo de la delincuencia organizada que durante un enfrentamiento bajaron de una camioneta de color negro, armados hasta los dientes, y fueron abatidos por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. La realidad es que los jóvenes fueron confundidos por los militares, quienes los golpearon brutalmente y los ultimaron con disparos de armas de fuego, tras lo cual los movieron de lugar, les colocaron armas para simular que eran sicarios que habían disparado contra los de verde olivo y alteraron la escena del crimen para simular responsabilidad de los caídos.

Amigos inseparables, “estaban aquella noche en el campus Monterrey del Tec, trabajando en investigaciones académicas”, según lo que se ha concluido, y salieron a la calle cuando militares perseguían a presuntos partícipes en narcobloqueos que se realizaban por segundo día consecutivo en la zona metropolitana de Monterrey (esa noche y madrugada se produjeron cuando menos 31 cierres de vialidades, con despojo a propietarios de más de 70 vehículos).

El Movimiento Todos Somos Jorge y Javier (MTSJJ) ha logrado puntualizar que, ante la balacera, ambos corrieron para esconderse, pero sólo Jorge lo consiguió. Cuando notó que su amigo Javier no seguía sus pasos, regresó a la puerta a ayudarlo. Esa noche, en un acto de valentía, Jorge entregó la vida por Javier, porque no lo dejó atrás. Hoy sabemos que, aunque nuestros compañeros pidieron al Ejército por sus vidas, y les reclamaron que eran estudiantes y no sicarios, se les negó el derecho al debido proceso y se les privó de la vida.

Sobre esos hechos, la Procuraduría General de la República (PGR) ha integrado a lo largo de seis años una averiguación previa que está consignada en 16 tomos y en la cual hay suficientes evidencias de que soldados pertenecientes al escuadrón Néctar Urbano cuatro, adscrito a la séptima Zona Militar de Nuevo León, mataron el 19 de marzo de 2010 a Jorge y a Javier en uno de los puntos de ingreso al campus del Tec, en la esquina de las avenidas Luis Elizondo y Eugenio Garza Sada.

Pero la PGR no ha tenido voluntad para vincular a esos militares a proceso judicial, aseguran a esta columna ciudadanos que demandan justicia para Jorge y Javier. Luego de un largo periodo de inactividad gubernamental sobre el caso, a pesar de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoció que los jóvenes eran estudiantes y no narcotraficantes, y que Amnistía Internacional apoyó la demanda de justicia, los familiares de los jóvenes insistieron en que la averiguación previa fuera consignada ante un juez (con lo cual apenas se estaría iniciando el largo camino, tal vez de años, para emitir una sentencia e imponer sanciones).

Así narran a esta columna algunos de los miembros de MTSJJ: “Desde el año pasado, los familiares estuvieron en la Ciudad de México y exigieron directamente al subprocurador de control regional, Gilberto Higuera, que se consignara el caso. Les prometieron que si ‘no hacían mucho ruido’, el caso se consignaría ante el Poder Judicial antes del 19 de marzo del presente año. Este febrero pasado, la PGR habló con las familias y les prometió que se consignaría el caso en un tribunal de Monterrey el 22 de febrero. El fiscal ya tenía el caso empaquetado y los boletos de avión comprados y ya había fecha y hora para consignar el caso ante un juez. Sin embargo, dos días antes de la cita, la PGR pospuso la reunión de forma indefinida y no volvió a reagendar. Nos da la impresión de que alguien de más arriba les habrá dado la instrucción de detener el proceso”.

No ha de decirse que la inacción de las autoridades ha sido absoluta. El jueves pasado, durante un acto público, el citado Movimiento Todos Somos Jorge y Javier recordó que en febrero de 2013, se informó a las familias que un elemento del Ejército fue juzgado en el ámbito de la justicia militar por el delito de alteración de la escena del crimen. Sin embargo, este individuo fue declarado inocente. Es importante resaltar que no se ha juzgado a nadie por las muertes de nuestros compañeros, ya que, para la Sedena, Jorge y Javier siguen siendo considerados sicarios.

En resumen, el plazo del 19 de marzo se venció, son seis años de impunidad y sigue sin hacerse justicia, sin limpiar los nombres de los estudiantes, sin pedir disculpas a las familias y sin sentenciar a los responsables.

Astillas

La cuenta de Twitter @paleogenomics publicó capturas de pantalla (http://goo.gl/YFdB2D) respecto a una convocatoria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en su programa de apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de innovación, cuyos requisitos estaban literalmente hechos a la medida (mismos términos, mismas palabras, copy paste) de la Ciudad de las Ideas, la empresa privada polémicamente impulsada por el ahora embajador de México ante la Unesco, Andrés Roemer. Conacyt respondió: Gracias por el comentario, ya se está revisando la convocatoria y se publicará en breve en nuestro portal, te notificaremos... Y, mientras Obama da un giro histórico con su visita a Cuba, en un proceso de reacomodos geopolíticos cuyas consecuencias también alcanzarán a suelo mexicano… ¡Hasta mañana, con Felipe Calderón tuiteando y luego borrando el mensaje en el que aseguraba que “para un juez siempre será más fácil liberar a delincuentes tras invocar ad nauseam derechos humanos, que fajarse para hacer justicia”!

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