El nombramiento del fiscal anticorrupción se frenó en el Senado en diciembre de 2014, a petición expresa del PAN, partido que conjuntamente con el PRD pretende ahora revivir la discusión. La intención es crear un fiscal con mayores facultades y con autonomía plena, que no dependa de la Procuraduría General de la República (PGR).

El coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional, Fernando Herrera, y Alejandro Encinas, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, coincidieron en que durante la discusión de las leyes secundarias del sistema nacional anticorrupción se puede dictaminar también la ley orgánica de la fiscalía especializada en la materia.

El senador Herrera recalcó que ese es ‘‘uno de los puntos intransitables’’ para el blanquiazul. ‘‘Ahí es donde vamos a ver cuál es la verdadera disposición que tiene el gobierno federal para transitar a una legislación encaminada realmente a sancionar el uso ilegal de recursos públicos y el enriquecimiento ilícito de funcionarios de los tres niveles de gobierno.’’

En entrevista aparte, el senador Encinas coincidió en que debe haber voluntad política para dotar al fiscal anticorrupción de autonomía presupuestal y de gestión, a fin de que ejerza realmente sus facultades, ya que al depender del Ejecutivo ‘‘tiene las manos atadas’’.

El proceso legislativo en el Senado ha sido accidentado. En noviembre de 2014, el Senado abrió una convocatoria para nombrar al fiscal con base en la reforma constitucional que creó la fiscalía general de la República, órgano que asumirá las funciones de la PGR a partir de 2018.

En esa reforma se estableció que la nueva dependencia contaría con dos fiscalías especializadas: una en materia electoral (la Fepade) y la otra para el combate a la corrupción. Varias voces, entre ellas la de Pablo Escudero (PVEM), presidente de la Comisión Anticorrupción, y del entonces titular de la Comisión de Justicia, Roberto Gil Zuarth (PAN), plantearon esperar a que se aprobara la ley orgánica de la fiscalía general y a que saliera de la Cámara de Diputados la minuta de la reforma constitucional anticorrupción. Sin embargo, las fuerzas políticas decidieron seguir adelante. Se expidió la convocatoria y para el 22 de noviembre de 2014 se inscribieron 32 aspirantes al cargo.

Más de la mitad son funcionarios y ex funcionarios de la PGR. El requisito que se les pidió fue ser licenciados en derecho, con experiencia en transparencia y rendición de cuentas y no haberse desempeñado en los pasados seis años en cargos de dirección de partidos políticos.

El fiscal anticorrupción duraría cuatro años en el cargo, concluiría su gestión el 30 de noviembre de 2018 y a partir de esa fecha ya no sería el Senado, sino el titular de la fiscalía general de la República el encargado de nombrarlo.

Los candidatos comparecieron en el Senado, pero ninguno fue nombrado, ya que el PAN decidió frenar la decisión. El entonces coordinador panista, Jorge Luis Preciado, anunció el 14 de diciembre de ese año que no votarían, en protesta por la decisión del PRI en la Cámara de Diputados de modificar la minuta de la reforma constitucional para el combate a la corrupción.

‘‘No tiene caso nombrar a un fiscal que sólo viene a lavar la cara al Presidente de la República’’, argumentó. Ese mismo mes, los diputados remitieron al Senado la ley orgánica de la fiscalía general de la República, que no se ha aprobado porque requiere cambios de fondo.

Un año tres meses después, PAN y PRD retoman el tema y proponen que se dictamine una ley específica de la fiscalía especializada en el combate a la corrupción, en la que ‘‘deben quedar perfectamente claro cuáles son sus alcances y posibilidades’’.

De lo contrario, ocurrirá lo mismo que con la Fepade, ‘‘que no tiene los instrumentos necesarios para poder sancionar e integrar averiguaciones y todo queda en meros intentos’’, comentó el senador Herrera. Reiteró que es un punto en el que el PAN no va a ceder.