Ocho años después de que se aprobó la reforma para construir un nuevo sistema penitenciario nacional, los problemas que enfrentan los centros de reclusión no se han resuelto y la política en la materia no está cumpliendo sus objetivos sociales ni legales, sostuvo Luisa María Calderón, senadora del PAN.

La legisladora presentó una iniciativa para que los delincuentes del orden federal puedan compurgar sus penas en cárceles estatales, considerando la capacidad de población del centro receptor, la peligrosidad del reo y la infraestructura de seguridad con que cuente dicho reclusorio.

Ello, dijo, porque muchos casos de violencia interna han sido provocados por reos federales de alta peligrosidad, cuya capacidad económica y operativa les permite controlar la vida del centro de readaptación social al que fueron remitidos.

Calderón destacó que los incidentes en las cárceles se presentan de manera cotidiana. Además, se registra sobrepoblación en éstas, las tasas de reincidencia son altas y los ilícitos de alto impacto no han dejado de crecer. Asimismo, la violencia prolifera y los grupos criminales operan y controlan los reclusorios.

Los datos con que se cuenta sobre las penitenciarías del país, expuso, son cada vez más alarmantes. A diciembre del año pasado, más de 41 por ciento de esa población estaba en espera de que se le dictara sentencia.

Los 389 centros penitenciarios cuentan con capacidad instalada para 208 mil 905 reclusos, pero en ellos hay 247 mil 488, lo cual significa que existe una sobrepoblación de 38 mil 583, distribuidos en 184 de las 389 cárceles, lo que representa una sobrepoblación de 47 por ciento, subrayó.

El año pasado, señaló, se reportaron 183 incidentes en el sistema penitenciario. De ese total 61 fueron riñas, en las que participaron 131 presos; 46 agresiones a terceros, con 66 participantes; 19 autoagresiones; 49 decesos; tres suicidios; un intento de suicidio; una huelga de hambre; un homicidio; un intento de fuga y un motín”.