Mexicali, BC.

Decenas de maestros liberados –quienes están en proceso de retirarse y no laboran, pero reciben su salario íntegro– protestaron ayer ante el monumento a Benito Juárez en esta capital porque el gobierno de Baja California se ha retrasado en el pago de sus finiquitos y jubilaciones.

Los inconformes, profesores y trabajadores de apoyo a la educación, exigieron acelerar los trámites, pues cotizan desde hace más de 30 años en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (Issstecali) y aportan cuotas quincenales al fondo de pensiones.

Los manifestantes pertenecen al Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación, nacido en 2006 como escisión del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Diez años después, agremiados de ambos sindicatos se unieron porque la administración que encabeza el gobernador panista Francisco Vega mantiene a 3 mil 100 trabajadores en calidad de liberados para que proceda su jubilación, una vez que la Secretaría de Educación estatal cuente con recursos para pagar su finiquito y transferir la nómina al Issstecali.

En los 15 años recientes han fallecido maestros liberados sin recibir sus prestaciones de ley. Los demás no han podido disponer de dinero para enfrentar enfermedades y otras urgencias, pues sólo cuentan con su salario quincenal, al cual se descuenta el fondo de pensiones.

En 2015 el gobierno estatal reconoció que estos profesores ya laboraron el tiempo requerido para su jubilación, pero requiere mil 500 millones de pesos para pagarles el finiquito, según la dirigente de la sección 37 del SNTE, María Luisa Gutiérrez Santoyo.

El gobierno estatal señaló que no puede pagar esa suma porque tiene una deuda histórica de más de 3 mil millones de pesos con el Issstecali por no haber entregado cuotas quincenales de los trabajadores al fondo de pensiones, y tampoco sus aportaciones como patrón de maestros y burócratas.

Las plazas de los maestros liberados son ocupadas por profesores interinos, a quienes la administración de Francisco Vega de Lamadrid les adeuda más de 200 millones de pesos.

Padres de familia y profesores se han manifestado desde principios del ciclo escolar en demanda de este pago.