n el día oaxaqueño por excelencia (21 de marzo, conmemoración del natalicio de Benito Juárez), Andrés Manuel López Obrador firmó en la capital del estado sureño un pacto con profesores miembros de la briosa sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), que en realidad es la base más organizada y participativa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

La decisión del dirigente nacional del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y virtual candidato presidencial por tercera ocasión (las dos anteriores, a nombre del PRD) le dotará de una estructura de acción electoral (promoción del voto y defensa de éste) que potenciará la tan polémica (a escala oaxaqueña) como obcecada (a nivel de la Ciudad de México) postulación a la gubernatura de Salomón Jara Cruz (ex perredista de larga trayectoria, ex funcionario del actual gobierno de Gabino Cué, mandatario de salida a quien el tabasqueño apoyó con enjundia para que fuera candidato, y al que ahora ha acusado ácidamente de traidor y de haberse doblado ante la mafia del poder).

A cambio de ese pacto electoral (con sus matices y otros objetivos, pero parecido a los que en su momento sostuvieron el SNTE con el PRI y el Panal con el PRI, el PAN o quien en su momento le conviniera), varios miembros de la citada sección 22 serán candidatos a diputados locales y, como marco de referencia más importante, han recibido la promesa firmada de que, de llegar Morena al poder con Jara y con los candidatos al Congreso estatal, se realizarán cambios en cuanto a la aplicación en la entidad de la falsamente llamada reforma educativa y esta directiva sindical retomará la influencia en la conducción y el diseño del proceso educativo oaxaqueño (la sección 22, por ejemplo, enviaría una terna para que el gobernador designe a partir de ella al titular de una Secretaría de Educación Pública que se crearía). La convergencia electoral entre Morena e integrantes de la sección 22 (aunque no formalmente con tal sección, sino con miembros de ella a título personal, como ciudadanos) tiene, además, notables promesas de interés social, como becas a estudiantes pobres, presupuesto suficiente para la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, cero rechazados en ésta y comedores, uniformes y útiles escolares gratuitos en prescolar, primaria y secundaria.

La apertura de López Obrador a alianzas abiertas con organizaciones sociales en lucha podría ser un paso notable en el afianzamiento de una candidatura presidencial que hasta ahora ha estado sustentada en el rejuego oratorio del propio aspirante y en el tramposo reconocimiento de sus opositores de que es un puntero inicial casi imparable (lo que en su momento convertirán en explicaciones condolidas de cómo ese delantero perdió increíblemente su ventaja, estrategia mediática y demoscópica ya practicada en los anteriores episodios de la misma telenovela, fechados en 2016 y 2012).

Los acuerdos entre el lopezobradorismo y los profesores disidentes se han dado a pesar o por encima de las impugnadas designaciones cupulares de candidatos de Morena a gobernadores en entidades como Oaxaca (con el mencionado Jara, a quien los maestros de la 22 podrían apoyar a medias, tentados otros a apoyar a Benjamín Robles Montoya) o Durango. En esta entidad, el candidato originalmente designado por AMLO, Guillermo Fabela (así éste lo reconoció públicamente ante la prensa) ha sufrido el desgaste de una silenciosa oposición interna (quienes denuncien o hagan críticas públicas pueden ser expulsados del partido) que considera que esa candidatura favorece el interés del PRI y de su aspirante a gobernar, Esteban Villegas, mediante negociaciones del anterior dirigente estatal de Morena, Carlos Medina, luego sustituido por un hermano del jefe delegacional en Tláhuac, Rigoberto Salgado.

Fabela sufrió además un serio revés al determinar el Instituto Nacional Electoral que no procedía el registro de su candidatura, porque no informó de sus gastos de precampaña. Esa decisión del INE puede ser desechada aun por el tribunal electoral federal. En ese contexto, también hay postulaciones duranguenses a diputaciones locales de profesores opositores a la reforma educativa y un pacto electoral menos sonoro que el de Oaxaca, aunque con consecuencias inmediatas, pues algunos dirigentes del magisterio inconforme ya han sido detenidos, y otros amenazados, por el sombrío y denso gobierno estatal encabezado por Jorge Herrera Caldera.

Vincular los procesos electorales a luchas sociales organizadas puede darle fuerza y resistencia reales a López Obrador, más allá del revuelo temprano sobre su fuerza electoral. Ese revuelo puede quedar en trampa dosificada si se analizan fríamente los números correspondientes a 2015, cuando hubo un crecimiento de Morena sólo en la Ciudad de México (aunque le birlaron el control de la Asamblea Legislativa) y en unas cuantas plazas más fuera de dicha ciudad. No ganó ninguna gubernatura y en este año tampoco está en condiciones de alcanzar alguna de las 12 oficinas estatales en juego más que en Zacatecas, pero, más que Morena, quien podría triunfar allí sería la variable Mon(r)ena, franquicia perteneciente a los hermanos Ricardo y David.

La firma de esos pactos electorales con maestros generará metralla política y mediática de los grupos que impulsan interesadamente la falsa reforma educativa, como la asociación (al acecho privatizador) denominada Mexicanos Primero, que dirige Claudio X. González, hijo. También se multiplicarán las voces adversas al jefe máximo de Morena, comenzando por el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, quien con anticipación, teniendo informes oportunos sobre el asunto, ha advertido del riesgo de que la tal reforma educativa sufra retrocesos en virtud de la irrupción abierta del profe Andrés Manuel.

Y, mientras (luego de la excarcelación de Nestora Salgado) es liberado el médico José Manuel Mireles, maltratado médica y judicialmente por el gobierno de Enrique Peña Nieto, ¡hasta mañana!

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