Brasilia.

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, amenazada por un juicio de destitución, aseguró este martes que nunca renunciará y denunció un intento de golpe, ante la multiplicación de iniciativas políticas y judiciales que también bloquean el nombramiento del ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva como ministro.

Acá se está gestando un golpe contra la democracia. Yo nunca renunciaré, proclamó Rousseff en un acto en el Palacio de Planalto, aplaudida por un centenar de abogados y juristas que rechazan el juicio político que el Congreso estudia abrirle por presunta manipulación de la cuentas públicas.

No cometí ningún delito que justifique la interrupción de mi mandato, denunció la gobernante, de 68 años, entre gritos de: ¡No habrá golpe! ¡No habrá golpe!

Condenar a alguien por un crimen que no cometió es la mayor violencia que se pueda cometer contra una persona. Es una violencia brutal... Ya fui víctima de esa injusticia una vez durante la dictadura y lucharé para no volver a serlo en plena democracia, proclamó Rousseff, quien sufrió persecución y torturas en el régimen militar (1964-1985).

La mandataria, del Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), advirtió además de los riesgos de una ruptura democrática y de las pérdidas de las conquistas sociales alcanzadas durante los dos mandatos de Lula (2003-2010).

Rousseff enfrenta dos procesos paralelos: un juicio de destitución en el Congreso (impeachment) por presunta manipulación de las cuentas públicas, y una investigación en la justicia electoral por presunta utilización del dinero del sonado esquema de corrupción en la estatal petrolera Petrobras en la campaña electoral de 2014.

Rousseff apuntó igualmente al juez Sergio Moro, a cargo de la Operación Lavado Rápido, sobre el megaescándalo Petrobras, quien recientemente divulgó una conversación telefónica entre la mandataria y Lula.

Esa conversación llevó a un juez a ordenar el bloqueo de la toma de funciones de Lula como jefe de gabinete de Rousseff, por considerar que existían sospechas de una posible estrategia para salvar al ícono de la izquierda latinoamericana de una posible orden de detención de Moro.

La justicia brasileña se debilita cuando se graban y divulgan diálogos de la presidenta sin autorización del Tribunal Supremo, y se pone en riesgo la seguridad nacional, afirmó Rousseff.

No obstante, 750 jueces respaldaron en una carta la posición de Moro, quien es visto por muchos brasileños como un cruzado de la lucha contra la corrupción.

Lula es investigado por posible ocultación de bienes en vinculación con el escándalo Petrobras. Una magistrada del Supremo Tribunal Federal (STF) mantiene suspendido el nombramiento.

La decisión de la juez Rosa Weber mantiene igualmente vigente, hasta que un plenario del STF falle si se devuelven a Moro las acusaciones contra Lula.

Una decisión similar adoptó la madrugada de este martes el juez Luiz Fux, del STF, quien rechazó una petición de la Abogacía General de la República que pedía revertir el fallo de otro magistrado de ese alto tribunal, Gilmar Mendes.

El viernes pasado, Mendes suspendió el nombramiento de Lula por sospechar que se trataba de una maniobra para despojar del caso al juez Moro e impedir un posible arresto del ex presidente.

La Operación Lavado Rápido, que en los últimos dos años llevó tras las rejas o sentó en el banquillo a centenares de ejecutivos y políticos, continuó con redadas policiales contra la constructora Odebrecht.

Según la Policía Federal, Marcelo Odebrecht, el ex presidente de la gigantesca firma, condenado este mes a casi 20 años de cárcel, siguió dirigiendo desde la prisión un sistema de sobornos que llegó a extenderse a obras en el estadio de Corinthians, en Sao Paulo, donde se jugó el partido inaugural del Mundial de Futbol de 2014.

A su vez, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Alicia Bárcena, manifestó en un mensaje su apoyo a la plena vigencia del estado democrático de derecho y el ejercicio de las potestades del Poder Ejecutivo brasileño. Expresó su preocupación por las amenazas a la estabilidad democrática y reconoció los avances sociales y políticos que ha experimentado Brasil en la última década, indicó el organismo en un comunicado enviado a La Jornada.