La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado entregó a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana, que preside el senador pevemista Pablo Escudero, sus consideraciones para las leyes secundarias en materia anticorrupción, en las que reiteró que es necesario que las faltas administrativas en que incurren titulares de secretarías de Estado sean consideradas hechos de corrupción.

También, la propuesta de los senadores del PRD pide sancionar las faltas administrativas de diputados y senadores, conocidas como moches.

En este punto, los perredistas destacan que “se indican normas especiales en las que se consideran las faltas administrativas en que puedan incurrir los diputados y senadores: La asignación de recursos en favor de un ente público, a cambio de una comisión de cualquier naturaleza; el otorgamiento de contratos de obra pública o de servicios a favor de determinadas personas físicas o morales; el aprovechamiento del cargo para promover la resolución de un asunto en un sentido determinado, incluyendo la prohibición a litigar en juicios o procedimientos en contra del Estado o un ente público.

También acordar con negociadores o cabilderos, el destino de cualquier instrumento legislativo, obteniendo un beneficio económico o en especie, o no reportar dichas reuniones o encuentros conforme a la normatividad parlamentaria, y aprovechar la información reservada a la que accede para obtener un beneficio económico o en especie para sí o para terceros, o una ventaja en los procesos de negociación.

De igual forma, la bancada del PRD en el Senado, propone incluir una definición progresista de conflictos de interés, “dotando al ciudadano de la potestad para denunciarlos y sancionar el ocultamiento de información, la promoción de la transparencia y la prevención de situaciones de conflicto de interés se mantienen como tema pendiente de atención legislativa en el país.

La bancada del PRD subraya en su propuesta entregada a la Comisión de Anticorrupción y Participación Ciudadana que es necesario facultar al ciudadano para presentar denuncias por faltas administrativas, hechos de corrupción y conflictos de interés, a la vez que se le otorga la protección del Estado.