Padres y madres de familia de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos rechazaron aceptar ‘‘la reparación del daño’’, como declaró el miércoles pasado el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (SG), Roberto Campa Cifrián.

Felipe de la Cruz, vocero de los padres, informó vía telefónica que en días recientes no ha habido interlocución directa con alguna autoridad del gobierno federal, ni se ha mencionado la instalación de alguna mesa de diálogo que aborde el tema de la reparación del daño.

‘‘Nosotros seguimos con la búsqueda pues sabemos que nuestros hijos están vivos; ojalá (Miguel Ángel) Osorio Chong tenga la honestidad de cumplir con su palabra y hacer que el grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se queden para la próxima etapa.’’

Sostuvo que no es la primera vez que se menciona esta propuesta (reparación del daño). ‘‘Desde hace mucho autoridades federales y estatales han llegado incluso a las casas de los padres de familia para ofrecer cierta cantidad de dinero por ese concepto, pero se ha rechazado.

‘‘Han venido a ofrecer dinero, pero se les olvida que a los padres de familia de los 43 desaparecidos lo que menos nos interesa es eso. No vamos a vender a nuestros hijos y la postura por parte del movimiento sigue siendo la misma.’’

Finalmente, De la cruz hizo un llamado a participar en las actividades que se llevarán a cabo el próximo día 26 en la Ciudad de México, y 27 en Iguala, cuando se cumplan 18 meses de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas, y de los tres alumnos asesinados.

Por su parte, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), asesores y coadyuvantes del gobierno mexicano para esclarecer el caso Ayotzinapa, recomendó la elaboración de un ‘‘diagnóstico de impacto social’’ en las víctimas de los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, donde 43 estudiantes fueron atacados por policías y entregados al crimen organizado.

La Secretaría de Gobernación confirmó ayer lo publicado por La Jornada sobre que se ha acordado que un equipo independiente realice el diagnóstico y el gobierno se compromete a aceptarlo. A raíz de información difundida la víspera en algunos medios de comunicación, en el sentido de que el gobierno estaría por ‘‘pagar indemnizaciones’’ por los jóvenes desaparecidos, la SG aclaró que ‘‘el inicio de los trabajos se refiere al diagnóstico sicosocial. Con base en éste, el Estado elaborará un plan de atención y reparación integral que será consultado con las víctimas y sus representantes’’.

En un comunicado, la dependencia dijo que, por mandato de ley, el Estado tiene la obligación de garantizar la atención, asistencia, ayuda, protección y reparación integral de las víctimas directas e indirectas.

La reparación prevista en la ley, añadió, debe ser integral, adecuada, diferenciada, transformadora y efectiva por el daño o menoscabo que han sufrido en sus derechos como consecuencia de violaciones a los derechos humanos y por los daños que esas violaciones les causaron.

‘‘La reparación integral del daño es mucho más que el pago de una compensación; debe incluir medidas concretas de restitución, rehabilitación, satisfacción y especialmente, medidas de no repetición’’, indicó.

Por tanto, precisó, ‘‘no se ha acordado ninguna medida de reparación con las víctimas y sus representantes, porque éstas se determinarán a partir del diagnóstico antes mencionado. Tampoco se ha hablado del pago de ninguna indemnización a las víctimas directas e indirectas de los hechos’’.