Cada vez se ve más complicado que la aprobación de las leyes generales en materia de desaparición forzada y contra la tortura pueda darse en este periodo legislativo, el cual concluye en abril próximo. Los legisladores parecen no tener claridad sobre el contenido de ambas, pero sobre todo los partidos políticos no las tienen como prioridad en su respectivas agendas. A lo anterior se suma que ni siquiera hay un calendario preciso sobre el proceso legislativo en curso.

Diversas organizaciones de derechos humanos y especialistas en el tema advirtieron sobre el riesgo de que la aprobación de ambas iniciativas pueda prorrogarse hasta el periodo ordinario de septiembre próximo; las dos leyes debieron quedar listas los primeros días de enero, cuando vencieron 180 días para su aprobación, plazo constitucional que establecieron los mismos legisladores que ahora violan sus propias disposiciones.

Abel Barrera, del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan; Édgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia; José Antonio Lara Duque, del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, y Nadín Reyes, del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos, expresaron –con diversos matices– sus dudas sobre la aprobación, pues el tiempo está prácticamente encima, sin tener la certeza de la etapa en que está el proceso.

Abel Barrera señaló que no sólo los tiempos están rebasados, sino además los legisladores ‘‘han trabajado de espaldas’’ a los familiares de las víctimas, sin tomarlos en cuenta y a contracorriente de las propuestas que han presentado al Senado desde septiembre de 2015, sobre lo que debían contener las dos leyes generales citadas.

‘‘Tenemos serios y fundados temores de que esto no se pueda concretar y quede estancado. Es una gran prueba para los legisladores y el gobierno para que muestren hasta dónde llega el compromiso con la sociedad y las víctimas de la violencia. Lo vemos difícil; es un gran desafío para el Congreso’’, dijo el activista de la región de La Montaña de Guerrero.

Por su parte, Nadín Reyes y José Antonio Lara, quienes forman parte de diversos colectivos que han aportado propuestas para el contenido de ambas legislaciones, destacaron por separado que el tiempo está encima con sólo una docena de sesiones plenarias en el mes de abril.

Coincidieron en que con sus propuestas, los familiares de las víctimas y la sociedad civil en su conjunto han aportado los insumos suficientes para la elaboración de buenas iniciativas, las cuales deben corresponder a los más altos estándares internacionales en la materia.

No obstante, Nadine Reyes señaló que pese a la realización de los foros de consulta regionales se observa que el Senado tiene la intención de trabajar sobre las iniciativas que en ambos casos envió el presidente Enrique Peña Nieto y que han sido severamente cuestionadas, porque está lejos de las estándares internacionales, tanto en tortura como en desaparición forzada.

En tanto, Edgar Cortez señaló que deben cuidarse dos puntos esenciales: uno es que en aras de la necesidad de sacar estas legislaciones se vayan a malograr, pues parece que ni los legisladores tienen claro el contenido que debe tener cada una. También convendría tener un calendario de este proceso legislativo, debido al tiempo que le queda a este periodo de sesiones.

Pero otro punto igual de importante que éste, dijo, es la implementación de la ley, cuando se tenga. ‘‘Y es que hemos tenido muchas leyes, unas buenas y otras no tanto, pero su verdadero problema es su aplicación’’, sostuvo.

Puso de ejemplo que en octubre pasado, en la Conferencia Nacional de Procuradores se aprobaron dos protocolos obligatorios en materia de búsqueda de desaparecidos y el de investigación de la práctica de la tortura; ambos representan un avance. ‘‘Pero las cosas no han cambiado; cuando presentas una denuncia por desaparición, las autoridades te dicen ‘no se puede hacer nada hasta después de 72 horas’, cuando el protocolo dice expresamente que se debe iniciar una investigación inmediata’’.