yer, al cumplirse 18 meses de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, un grupo de familiares de estas víctimas se manifestaron en esta capital por la continuidad de los trabajos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyo segundo periodo de trabajos en nuestro país concluirá en aproximadamente dos meses.

La víspera, un grupo de padres y madres de los normalistas desaparecidos manifestaron su rechazo a la reparación del daño planteada por el gobierno federal, que consiste, según los propios familiares, en ofrecimientos de dinero a manera de indemnizaciones por la desaparición de los muchachos.

Como queda de manifiesto, a año y medio de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, las autoridades siguen sin mostrar la sensibilidad y la altura de miras requeridas para atender las demandas de las familias de los normalistas, que en todo este tiempo, por lo demás, han sido consistentes: la búsqueda efectiva de los desaparecidos y el castigo a los responsables.

La solicitud de extender la presencia del GIEI en el país se inscribe, por otra parte, en el contexto de una intentona por desacreditar a varios integrantes del grupo de expertos en lo individual, como ha quedado de manifiesto con las denuncias formuladas por las ex fiscales Ángela Buitrago y Claudia Paz respecto de las calumnias que en su contra han lanzado grupos ultraconservadores y medios de comunicación.

Tales difamaciones, lanzadas contra estas y otros integrantes del GIEI, resultan doblemente peligrosas e inaceptables: por un lado, porque denotan un afán insoslayable por desacreditar la labor de ese equipo interdisciplinario en su conjunto, que ha venido a arrojar luz sobre uno de los hechos más indignantes en el de por sí abultado historial de violaciones a derechos humanos en el país; por otra parte, ante la falta de interlocutores válidos y confiables para las familias de los desaparecidos y su entorno social de apoyo, las calumnias contra el GIEI amenazan con cancelar acaso el único canal de comunicación institucional entre los padres y madres de los normalistas desaparecidos y el Estado mexicano, en la medida en que fue este último el que invitó a los expertos a realizar pesquisas y coadyuvar con las autoridades nacionales en el esclarecimiento del episodio.

Las autoridades federales tienen ante sí una disyuntiva de suma importancia: profundizar en la configuración de un entorno propicio para el surgimiento de las calumnias mencionadas o apuntalar la labor del GIEI y atender, de esa manera, una demanda legítima y comprensible de las familias de Ayotzinapa. Hasta ahora, el gobierno federal ha mantenido frente a las tareas del GIEI una postura ambigua, pues por un lado ha expresado disposición para prorrogar el trabajo del equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por otro ha rechazado avanzar en las líneas de investigación que involucran a las fuerzas armadas en la desaparición de los normalistas y ha exhibido, con ello, su incomodidad por la labor del grupo de especialistas independientes.

A la luz de estos elementos de juicio, lo menos que cabe esperar del gobierno federal es un respaldo inequívoco y contundente al GIEI y un agotamiento de las líneas de investigación trazadas por éste. A fin de cuentas, la labor desempeñada por ese equipo de especialistas ha hecho un gran favor a un país como el nuestro, donde la justicia es difusa, errática y tardía para las víctimas y sus familias.