México carece de un marco legal específico en materia de violencia política contra las mujeres, lo que incide en su derecho a ejercer el voto y ser electas en procesos electorales.

A escala nacional únicamente Campeche y Jalisco cuentan con una definición de la violencia política, mientras Oaxaca, además, aprobó tipificarla.

Recientemente autoridades federales electorales elaboraron un protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, en el entendido de que el documento no es obligatorio, pero fue construido a partir de los estándares internacionales aplicables a los casos relacionados con ataques de ese tipo.

El mecanismo contiene la relación de las instituciones responsables de atender los casos y se especifican las acciones a seguir; en particular subraya la importancia de contrarrestar la violencia política que se ejerce contra las mujeres y en las que resultan relevantes las cuestiones de género.

Por ejemplo, se recuerda la elección de concejales al ayuntamiento de San Juan Cotzocón, Oaxaca, que tuvo lugar en 2011, donde hubo hechos de discriminación y violencia contra mujeres que se postularon.

En la comunidad de Emiliano Zapata, de ese municipio, varios hombres intentaron linchar a la tesorera de esa agencia municipal, con el argumento de que en ese lugar mandaban los varones.

Otros ejemplos de violencia contra las mujeres que incluye el protocolo son los registros simulados de candidatas que renuncian a sus cargos para cederlos a suplentes varones; también las amenazas a las que han sido electas, como le ocurrió a la alcaldesa de Chanal, Chiapas, cuando en julio de 2015 se intentó impedir que se le entregara su constancia de mayoría como candidata ganadora.

Uno más es la inequidad en la distribución de los tiempos de radio y televisión. De acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Nacional Electoral (INE), los promocionales transmitidos por los partidos políticos mostraron al doble de candidatos que candidatas durante las campañas electorales del 2015.