Toluca, Méx.

El gobernador del estado de México, Eruviel Ávila Villegas, solicitó ayer de manera formal a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) revise el contenido de la ley que regula el uso de la fuerza pública en la entidad, conocida como ley Atenco, la cual ha recibido tanto críticas como descalificaciones por parte de activistas y organizaciones sociales que la consideran represiva y violatoria de las garantías individuales.

Ávila Villegas ofreció que si la CNDH hace alguna observación, ésta será atendida o en su caso se promoverán reformas para hacer los ajustes necesarios a la ley, la cual, recalcó, se elaboró tomando en cuenta la Constitución, los tratados internacionales y tesis jurisprudenciales de la Suprema Corte y la recomendación que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En tanto, la consejera jurídica del gobierno mexiquense, Luz María Zarza, afirmó que la iniciativa de esta ley fue presentada a la oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, quien dio su aval para que fuera aprobada por el Congreso mexiquense.

Dijo que en este momento expertos de esa instancia internacional revisan su contenido, a quienes ofreció atender los comentarios si encontraban algo ilegal o desproporcionado en la norma recientemente aprobada. Durante el informe que rindió el comisionado de los Derechos Humanos del estado de México, Baruch Delgado Carbajal, el gobernador Eruviel Ávila insistió en que la aprobación de la citada ley fue producto de la atención dada a una recomendación que hizo la CIDH en su informe 243 de 2015. En ese ocasión solicitó al Estado mexicano crear herramientas jurídicas para regular el uso de la fuerza pública a raíz de las violaciones a derechos humanos que se dieron en el operativo de Atenco, en mayo de 2006.

‘‘Esta ley es un documento que pone candados y frenos a cualquier tipo de abusos que pudieran cometer los cuerpos policiacos. Equilibra garantías de protección de los derechos humanos de los ciudadanos y policías ante el eventual uso de la fuerza pública.

‘‘Además, promueve la profesionalización de los cuerpos policiacos en apego a códigos, protocolos y estándares internacionales. En caso de que se incurra en el uso ilegítimo de la fuerza pública, se instituye la responsabilidad y reparación del daño’’, apuntó el gobernador mexiquense.

Ávila recordó que tienen que pasar 180 días después de la aprobación que hizo el Congreso estatal para que la ley entre en vigor, y aprovecharán este periodo para escuchar los comentarios de los expertos de la CNDH y, de considerarlo, se hagan ajustes para que no haya reclamo alguno sobre el contenido de la ley.