El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa concluye su mandato en abril próximo y no habrá una nueva prórroga a esta labor, señaló el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

El gobierno mexicano –subrayó– espera las conclusiones del trabajo que realizan los especialistas. ‘‘No encontramos una línea diferente a la que se ha estudiado por parte de la Procuraduría General de la República (PGR)’’.

Al respecto, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, comentó que se trata de un plazo fijado por el propio Grupo de Expertos.

‘‘Desde que se renovó el mandato (en octubre pasado) hemos tratado el tema. Para ello, les pregunté, por indicación del secretario Osorio, cuánto tiempo necesitaban para su segundo mandato, y el grupo me respondió que necesitaban seis meses.

‘‘Por ello, cuando fuimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le solicitamos una ampliación con base en la petición que nos hizo el grupo’’, comentó a La Jornada. En todo momento el trabajo con ellos –añadió– se ha dado bajo el supuesto de que su función concluye al término de abril.

El secretario Osorio aseveró que el gobierno mexicano ha dado al GIEI ‘‘absolutamente todas las facilidades’’ para la realización de su labor, tanto a nivel de personal (agentes del Ministerio Público) como equipo para abordar las líneas de investigación que conduzcan al paradero de los 43 jóvenes desaparecidos.

‘‘(El trabajo del GIEI) termina en abril; los últimos días de ese mes concluye el periodo que se amplió para sus investigaciones y para todo lo que habrían de apoyar al Estado mexicano para conocer la verdad de lo sucedido’’, dijo el funcionario en entrevista radiofónica.

–¿Cabe una prórroga? –se le preguntó.

–No, lo digo con toda claridad; estamos dentro del tiempo otorgado; estamos trabajando en el plazo que se les dio. Creo que lo que se tiene que hacer es acelerar el trabajo que vienen realizando. En abril terminan.

El GIEI inició su labor como parte de un acuerdo entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los representantes de las víctimas y el Estado mexicano. El objetivo fue brindar asistencia técnica internacional para la búsqueda de los jóvenes, sancionar a los responsables de los hechos y otorgar asistencia a familiares.

Aunque la relación de la CIDH con el caso Ayotzinapa procede de octubre de 2014, un mes después de la desaparición de los estudiantes, en abril del año pasado se inició el trabajo del GIEI, originalmente por seis meses. Luego se dio paso al segundo periodo, del 31 de octubre al 30 de abril próximo.

En su más reciente informe, el grupo alertó de obstáculos para la investigación, como la fragmentación del caso en diferentes averiguaciones previas, la falta de acceso a la información del 27 batallón de infantería (ubicado en el lugar de los hechos, Iguala, Guerrero), así como la revictimización del estudiante asesinado Julio César Mondragón, entre otros factores.

De los casos de desaparición forzada en Veracruz (Tierra Blanca y Papantla) Osorio dijo que no minimiza la dimensión de los hechos; en el primero se avanza en coordinación con el gobierno estatal y en el segundo se inició la investigación.

En otro tema dijo que en ‘‘dos o tres meses’’ anunciará las entidades en las que retirará al Ejército, personal de la Marina y agentes federales, una vez que se compruebe que las instituciones locales se han fortalecido.

Por lo pronto, mencionó avances en Michoacán, Durango, Coahuila, Nuevo León y Chihuahua. ‘‘Lo mismo digo de Guerrero’’, señaló, aunque para esta entidad precisó que los resultados se verán a mediano plazo.