Por unanimidad, el Senado aprobó la reforma constitucional que faculta al Congreso a expedir la ley general de derechos de las víctimas que establezca la concurrencia de la Federación, las entidades, los municipios y en su caso, las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

Al fundamentar el dictamen en tribuna, Enrique Burgos, priísta y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, subrayó que el propósito de esta ley es otorgar la facultad al Congreso para expedir la legislación general en materia de derechos de las víctimas del delito”.

La reforma, insistió, tiene una doble implicación: por un lado indicar con nitidez el sustento para expedir normas generales que se apliquen de manera concurrente en los tres órdenes de gobierno y, por otro, limitar la libertad de configuración legislativa de las entidades federativas en esta materia.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña, precisó en tribuna: el dictamen a discusión dota de base constitucional a la normativa secundaria en materia de atención a víctimas; coincidimos en que tiene el propósito de propiciar la viabilidad técnica de incorporación a nuestra ley suprema la facultad del Poder Legislativo de la Unión para expedir la legislación general en materia de derechos de las víctimas de una conducta delictiva o de víctimas de violaciones graves a sus derechos humanos.

Producto de las exigencias civiles

La senadora De la Peña destacó que informes de Naciones Unidas han documentado la mala situación que enfrenta el país en materia de respeto a las garantías básicas. Igualmente recordó que en 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó que existe una crisis nacional en materia de derechos humanos.

También la senadora del PRD Iris Viene recordó que la ley de víctimas fue producto del consenso de ese gran clamor que levantó la voz en el Congreso, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Esta reforma sin duda fortalece los derechos de las víctimas, abre el espacio para profundizar la justicia restaurativa que representa en el país la propia ley; quieren preservar sus carácter garantista y van a defender los alcances de las primeras leyes surgidas del movimiento social.

La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, la priísta Diva Gastélum, expuso en el pleno que no basta la intención del gobierno de la República si no está armonizado con los estados y los municipios. Los casos que hemos visto es cómo ha habido una desarticulación en esta parte, y esta legislación propone exactamente la armonización, el acuerdo, la coordinación que tiene que ver en los tres niveles de gobierno.

Advirtió que ese movimiento que impulsó la ley actual se ha organizado para trabajar en las leyes de desaparición forzada, de tortura y víctimas de otros hechos violatorios de la dignidad, de la vida y de la libertad, y quiere acompañar la reforma de esta ley.

La panista Silvia Garza, desde la tribuna, aseveró: ¿Por qué una Ley General de Víctimas?, porque el tiempo dio la razón al ex presidente Felipe Calderón cuando presentó la controversia constitucional para decir que no estábamos facultados para legislar en esta materia y llegó el presidente Enrique Peña Nieto y se desiste. Pero hoy, con esta reforma a la Carta Magna, vamos a tener facultades. Felicidades, presidente Calderón.

El dictamen fue remitido a la Cámara de Diputados para continuar el proceso legislativo.