Madrid.

La Fiscalía de Estados Unidos solicitó al gobierno español por conducto de los canales diplomáticos habituales la extradición del empresario mexicano Juan Manuel Muñoz Luévano –socio y amigo del ex presidente nacional del PRI Humberto Moreira–, quien fue detenido en España el pasado 18 de marzo. La Audiencia Nacional deberá resolver la petición con base en las pruebas y testimonios recabados por EU, donde se le vincula con cuatro delitos de narcotráfico, uno de lavado de dinero y otro más por posesión de armas.

El llamado caso Moreira sigue avanzando en los tribunales españoles, donde, lejos de ser archivado tras la devolución del pasaporte al político mexicano después de permanecer una semana preso en la cárcel de alta seguridad de Soto del Real, la investigación sigue sumando nuevos datos, testimonios y pruebas.

La trama investigada por los fiscales anticorrupción ibéricos Juan José Rosa y José Grinda intenta desentrañar las oscuras vinculaciones que supuestamente tendría Moreira con el crimen organizado mexicano, en concreto con el cártel de Los Zetas, para los que, según la Fiscalía Anticorrupción española, fungía como operador financiero para el lavado de dinero procedente de actividades delictivas. La misma función que hacía, según la misma investigación, el empresario de Coahuila detenido en Madrid, que tiene una red de gasolineras en el norte de México que le sirven, supuestamente, para estos fines.

Según el periódico digital El Español, la Fiscalía de Estados Unidos ya cursó, por conducto de su embajada, la solicitud de extradición a España, donde, según los cánones habituales, es entregada a los tribunales competentes y a las autoridades españolas, que hasta el momento no han informado nada con el argumento de que se trata de un asunto de carácter judicial.

Una vez cursada la petición, ésta se resolverá en el juzgado que instruye el caso, cuyo titular es el juez Santiago Pedraz, el mismo que dejó en libertad a Moreira el pasado 22 de enero, después de una semana en la cárcel, tras analizar los datos y concluir que las pruebas y las tesis de los fiscales no eran suficientes para mantener las acusaciones en su contra.

Con la detención del empresario coahuilense el curso de la investigación podría tomar derroteros distintos, sobre todo porque la petición de extradición procede del juzgado de Texas donde se investiga el tráfico de drogas y lavado de dinero de Los Zetas y en el que también hay una investigación contra Moreira. Una de las pruebas más importantes es el testimonio de Rolando González Treviño, supuesto prestanombres de Moreira. Tras su detención, González Treviño se convirtió en un testigo protegido de vital importancia para la investigación.

De hecho, gracias a la información facilitada por el juez estadunidense a los fiscales ibéricos, el ex gobernador de Coahuila fue detenido por una investigación de varios años que lo relaciona con cuatro delitos: blanqueo de capitales, asociación delictiva, malversación de fondos públicos y prevaricación.

Sin embargo, Humberto Moreira regresó de forma precipitada a México tras la devolución de su pasaporta y al conocer, en voz del propio juez Pedraz que no iba a archivar la causa y que mantendría abiertas las diligencias para recabar más información y pruebas.