Gustavo Castro, activista mexicano quien estuvo retenido casi un mes en Honduras por ser testigo del asesinato de Berta Cáceres, reprochó la tardanza con la que actuó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para lograr su retorno a territorio nacional.

‘‘Ante la evidente falta de la aplicación de las leyes de Honduras en mi caso, y las irregularidades, es extraño que el gobierno mexicano acá no haya actuado antes, que haya esperado tanto tiempo habiendo marcos y mecanismos legales para hacerlo’’, dijo el también coordinador de la organización Otros Mundos Chiapas.

En sus primeras declaraciones ya en el país, al que llegó el pasado viernes, dijo que esta acción tardía de la cancillería mexicana provocó que se alargaran los días de su estancia en el país centroamericano en medio de una total incertidumbre. ‘‘Para mí era como tortura sicológica no tener claridad de qué diligencias quería el gobierno (de Honduras), para qué me quería, e incluso también con la posibilidad de que se pudiera alargar mi estancia allá’’.

Castro permaneció casi un mes retenido de manera ‘‘ilegal y arbitraria’’ por autoridades judiciales de ese país que investigan el asesinato de la defensora de derechos humanos Berta Cáceres, perpetrado a balazos la madrugada del 3 de marzo pasado en la casa de la dirigente.

En conferencia de prensa, Castro dijo que sería ‘‘absurdo’’ que se le obligara regresar a Honduras para la investigación, pues durante su retención cooperó con las autoridades y declaró todo lo que sabía sobre el homicidio de la activista hondureña, quien lo había invitado a su país a participar en varios talleres de proyectos sustentables. Berta Cáceres asesoraba a diversas comunidades indígenas contra un proyecto hidroeléctrico que afectaba varios ríos.

Sin embargo, a pregunta expresa, señaló que todavía no ha decidido si demandará o no al gobierno hondureño por esta retención ‘‘arbitraria e ilegal’’ cometida en su contra. ‘‘Es algo que todavía tengo que hablar con los abogados’’, dijo.

Por otra parte, representantes de diversas organizaciones que acompañaron el proceso de defensa de Castro durante su retención lamentaron la ‘‘pobre actuación política y diplomática’’ que desde México realizó la cancillería para un connacional que fue revictimizado y violentado por el Estado hondureño.

Incluso, deploraron que Relaciones Exteriores ahora se jacte de que sus gestiones fueron la causa de que Gustavo Castro regresara a México, pues fue el trabajo de los abogados del activista mexicano y la creciente presión nacional e internacional que exigía su liberación lo que fue acorralando al gobierno hondureño para terminar con esta retención, se señala en un posicionamiento conjunto de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) y el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos.

Mencionaron que la cancillería proponía esperar que concluyera la ‘‘alerta migratoria’’ de 30 días impuesta a Gustavo Castro para poder actuar, además de que fueron ellos los que brindaban información a los funcionarios para la mediación diplomática. La canciller Claudia Ruiz Massieu se negó a recibir a los familiares del activista mexicano, con el argumento de una ‘‘apretada agenda’’.

En contraparte, tanto las organizaciones como Castro reconocieron la ‘‘excelente actuación de protección’’ que tuvieron la embajadora de México en Honduras, Dolores Jiménez Hernández, y el cónsul Pedro Barragán, para garantizar su seguridad.