Organizaciones internacionales de derechos humanos expresaron su preocupación de que la iniciativa de ley general contra la tortura, que actualmente se discute en el Senado, contenga preceptos que todavía propicien esta práctica y la de tratos crueles e inhumanos y degradantes, así como la impunidad de los perpetradores y el olvido de las víctimas.

En una misiva dirigida al presidente del Senado, el panista Roberto Gil Zuarth, las organizaciones no gubernamentales consideran que con la promulgación de esta ley, México está frente a la oportunidad única e histórica para la creación de un marco legal eficaz e inequívoco que podría sentar las bases de la erradicación de la tortura en el país, y enfrentar las problemáticas institucionales en este ámbito.

Los organismos firmantes, entre ellos Amnistía Internacional, la Comisión Internacional de Juristas, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, la Organización Mundial Contra la Tortura, Redress y el Centro Robert F. Kennedy Human Rights, advierten sobre una serie de condicionantes que deben acatarse, principalmente con el cumplimiento de los más altos estándares internacionales en la materia.

Se deja la puerta abierta a la fabricación de pistas

Sostienen que uno de los principales lineamientos que debe contener dicha ley es garantizar la exclusión total de cualquier prueba obtenida mediante tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

La observancia de esta directriz constituye una conditio sine qua non para la erradicación de hecho y de derecho del uso de pruebas obtenidas bajo coacción y, en consecuencia, para la eliminación de la principal causa detrás de la práctica endémica de la tortura y de los tratos o penas crueles e inhumanos y degradantes en el contexto mexicano, dice la carta.

Destacan que tal como está redactada la iniciativa sometida al Poder Legislativo –donde se introduce una excepción para estos casos–, en el fondo abre la posibilidad de fabricar pruebas bajo tortura y lograr la admisibilidad de éstas invocando algún escenario imaginario en el que hubieran podido obtenerse. La prohibición del uso de pruebas obtenidas mediante tortura o malos tratos es inequívoca y no admite excepción alguna, señalaron.

De manera abierta, solicitan a Gil Zuarth que redoble los esfuerzos para evitar que en la ley se diluyan los principios y estándares previstos en la Constitución y en los tratados internacionales ratificados por México en materia de derechos humanos.

Entre los puntos que desean sean incorporados a dicha ley, las organizaciones proponen que sea un tipo penal único en el caso de delitos de tortura y tratos crueles; investigación eficaz en estas situaciones; monitoreo efectivo de las condiciones de detención; investigación y sanción de superiores jerárquicos, y reparación integral de las víctimas por estos delitos.