Guanajuato, Gto.

El gobierno de León trata como criminales a los indígenas dedicados al comercio ambulante; la policía y los inspectores de mercados los discriminan, arrestan, golpean y les aplican multas, dieron a conocer este miércoles indígenas presentes durante una sesión de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso local.

Ante diputadas integrantes de la comisión, Juan Margarito Sánchez Hernández, miembro del Consejo Indígena del Municipio de León, relató que sin más opción laboral, ellos deben salir a las calles a vender botanas, artesanías y ropa. No pedimos que nos den; que nos dejen trabajar. Dependemos de los 50 pesos o los 70 pesos (diarios) que obtenemos vendiendo semillas o papas, explicó.

El gobierno de León 2015-2018 no le permite vender en las instalaciones del Sistema Integrado de Transporte (SIT) y les impone sanciones onerosas, relató Margarito Sánchez, quien mostró a las legisladoras una multa por 710 pesos, cantidad que representa nuestra alimentación de una semana.

Desde enero pasado, la policía de León, guardias privados y funcionarios locales han desalojado de calles y paraderos del SIT a unos 100 indígenas, señaló en entrevista.

Sostuvo que los vendedores arriesgan su integridad y su mercancía; trabajan a escondidas o a ratos.

La tzotzil Amalia Hernández Hernández aseguró que la semana pasada un policía pasó un vehículo de motor sobre la ropa que vendía en la calle. Dejaron toda la mercancía con la mancha de grasa, se lamentó.

El 3 de marzo, en la estación Delta del SIT, policías y agentes halcones golpearon, arrestaron y tiraron la mercancía del padre de la otomí María Elena Secundino Rafael. Ambos debieron pagar 300 pesos de multa por estorbar en la vía pública, y 200 pesos para que los dejaran salir de los separos. Son bien déspotas, dijo.

De acuerdo con la diputada panista Araceli Medina Sánchez, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se dará seguimiento a los abusos denunciados por los indígenas de León, y anunció que solicitará un informe a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado sobre las quejas presentadas contra autoridades municipales.