En una carta abierta a la canciller alemana, Angela Merkel, casi una treintena de reconocidas organizaciones no gubernamentales señalan que el tema de la grave crisis de derechos humanos que vive México debe ser abordado durante la visita oficial que este lunes inicia el presidente Enrique Peña Nieto a su país.

Advierten que ante la indolencia con la que ha reaccionado el Estado mexicano ante los adversos diagnósticos presentados por los organismos internacionales, tanto de Naciones Unidas como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es necesaria una atención especial de la comunidad internacional, y depaíses que, como Alemania, consideran estos derechos como parte de su política exterior.

Las organizaciones civiles exhortan al gobierno alemán a que inste a su par mexicano a cumplir con sus obligaciones en virtud de los tratados y convenios de derechos humanos suscritos y ratificados con la comunidad internacional.

La misiva presenta una larga descripción de la crisis actual de derechos humanos que vive México, y señala que Alemania, como importante socio económico y líder de la defensa de los derechos humanos en la comunidad internacional, tiene el deber moral de referirse y atender estas violaciones graves que se producen en un país que es su socio comercial.

Destacan que estos organismos internacionales han señalado su preocupación extrema por el reiterado clima de inseguridad, violencia e impunidad en el país, así como por las estadísticas alarmantes de personas asesinadas, desaparecidas, desplazadas internos y torturadas. Esto es especialmente preocupante teniendo en cuenta que el país no está involucrada en ningún conflicto armado reconocido, dice la carta.

Suscrita por los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Paso del Norte, Fray Francisco de Vitoria, Fray Bartolomé de las Casas, así como el Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Idheas, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), la Red TDT, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y el Instituto de Justicia Procesal Penal, entre otros, la carta lamenta que ante los numerosos diagnósticos adversos de organizaciones internacionales, el gobierno rechace sus conclusiones y recomendaciones, e incluso ha criticado a dichos organismos internacionales, señalando que sólo se trata de casos aislados.