Eliminar los contratos de protección mediante modificaciones a la Ley Federal del Trabajo (LFT), combatir los casos de extorsión sindical o simulación de emplazamientos a huelga por firma de contrato colectivo y acabar con los vicios en las disputas por titularidad entre los gremios son parte de las propuestas del equipo de funcionarios, académicos y expertos que elaboran la nueva reforma en materia de justicia laboral.

Este equipo, en el que participaron funcionarios de 13 dependencias, representantes de organismos ligados al sector laboral y otras instancias, que llevó a cabo sus reuniones en Palacio Nacional la semana pasada, concluyó su análisis. En su documento final, que servirá de base para la elaboración de la iniciativa de reforma, detalló que se tendrán que efectuar modificaciones a las normas en la materia, así como generar mecanismos estandarizados en los tribunales para sistematizar y transparentar la justicia laboral.

En cuanto a transparencia sindical plantea que con el fin de atacar la simulación de gremios se deberán establecer los requisitos de representatividad de las dirigencias. Propone la eliminación de los contratos de protección, precisando los requisitos para los emplazamientos a huelga por firma y depósito de los contratos colectivos de trabajo, y verificar que los trabajadores conozcan el contenido de esos documentos y los avalen.

En su propuesta exponen que, por ejemplo, se tienen que homologar criterios entre las juntas de Conciliación y Arbitraje; eliminar normas violatorias de los derechos laborales o que son ineficaces; establecer nuevas políticas sobre despido y contratación en el sector público; regular los requisitos para validar las renuncias, y generar convenios para el cumplimiento de los laudos.

Expone que en México se tiene que mejorar la justicia laboral cotidiana; fortalecer los derechos fundamentales de los trabajadores y la igualdad de género; prevenir la discriminación, e impulsar el servicio profesional de carrera.

El documento, que ya fue enviado a la Secretaría del Trabajo, apunta que se deben instrumentar procedimientos prejudiciales conciliatorios en los conflictos laborales; precisar la figura y el procedimiento de abandono del empleo; sancionar efectivamente a quienes simulen un juicio o cometan fraude procesal, y establecer penas económicas para los empleadores que simulen renuncias de los trabajadores, así como regular el pago de gastos y costos de los juicios, entre otras.

Este último punto se refiere a que quien pierda el juicio pagará el costo de los abogados.

Incluso, se aplicaría a los trabajadores que interpongan juicios. Si los pierden, tendrían que asumir los costos.