El delito de tortura se sancionará con 20 años de cárcel, y a ello se adicionarán 10 años más de prisión si quien lo comete es un servidor público. Además, en el predictamen que esta semana se discutirá en comisiones del Senado, se establece que ese ilícito es ‘‘imprescriptible’’.

En un documento dirigido a los senadores se detalla que para garantizar de manera integral la prevención de los delitos en materia de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, se crea el mecanismo nacional de prevención como la instancia encargada de la supervisión permanente y sistemática de los lugares de privación de la libertad.

Dicho mecanismo, se detalla, estará adscrito a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Se subraya que las autoridades responsables de la custodia de los lugares de privación de la libertad ‘‘deberán otorgar las facilidades necesarias para que el personal del mecanismo nacional de prevención cumpla con su función libremente y en condiciones de seguridad’’.