El martes próximo, la Cámara de Diputados aprobará el paquete de reformas sobre fiscalización y al código penal para abatir la corrupción, con el propósito de enviarlas al Senado para su ratificación y posterior promulgación.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro, César Camacho Quiroz, anunció también la aceptación de los coordinadores parlamentarios para integrar la subcomisión de examen previo, encargada de dar cauce a las solicitudes de juicio político asentadas en el órgano legislativo. PRI y PVEM dispondrán de siete posiciones (de un total de 14), mientras PAN, PRD, Morena y Movimiento Ciudadano ocuparán las restantes siete, de acuerdo con su representación.

Es decir, los priístas ocuparán seis lugares, el Partido Verde uno, tres el PAN, dos el PRD, uno Morena y uno Movimiento Ciudadano.

La Jucopo insta a las presidencias de las comisiones de Justicia y Gobernación a que a más tardar la próxima semana se instale la subcomisión de examen previo y se haga cargo de los casos que están en trámite.

Asimismo, Camacho Quiroz expuso la ruta del paquete de reformas sobre trasparencia y combate a la corrupción: el martes, en la sesión se discutirá y aprobará la ley en la materia, así como modificaciones a la ley orgánica de la administración pública para ampliar las competencias de la Secretaría de la Función Pública, definir la comisión bicameral en materia de transparencia y la ley de fiscalización.

–Morena solicita una comisión que investigue al Grupo Higa –se le recordó.

–No la ha presentado a la junta de la comisión. Me enteré por los medios, por lo que nos pronunciaremos cuando se demande formalmente. Si se cumplen los requisitos no habrá más opción que constituirla y acotar las condiciones de su trabajo.

En tanto, Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, señaló que es necesario un periodo extraordinario de sesiones, después del 30 de abril, porque aún queda en el tintero un listado de temas por resolver, como el Sistema Nacional Anticorrupción y las leyes del salario mínimo y general contra la desaparición forzada.